![Imagen de la Ciudad del Transporte de Nafarroa. (Idoia ZABALETA/FOKU)](/media/asset_publics/resources/000/377/354/article_main_landscape/ciudadtransporteona.jpg)
Así lo ha anunciado Nasuvinsa por el incumplimiento durante estos últimos doce años y porque los impagos que la adjudicataria adeuda a la sociedad pública, por distintos conceptos, «ascienden ya a 9,7 millones de euros», una situación que la sociedad pública considera «insostenible».
Tras la decisión adoptada unánimemente en el Consejo de Administración de Nasuvinsa, los servicios jurídicos de la sociedad pública -absorbente de la extinta CTP S.A.- han hecho hoy efectiva la notificación fehaciente de la rescisión del contrato, alegando que los «continuados incumplimientos del mismo estaban ocasionando graves perjuicios a los intereses públicos y al propio desarrollo del parque de Imarcoain».
Entre las diferentes causas alegadas por Nasuvinsa en la notificación de la resolución, destacan los impagos del canon que la UTE debía abonar a la sociedad pública por los derechos de superficie y explotación -7,4 millones de euros de deuda y otros 1,5 millones de intereses-, así como de los gastos de comunidad, cuyos retrasos ascienden a más de 700.000 euros por 63 cuotas impagadas.
Además, Nasuvinsa subraya también que la UTE adjudicataria lleva sin comercializar ni acometer ninguna implantación empresarial en la tercera fase de la Ciudad del Transporte desde el año 2013, ni tampoco ha terminado de urbanizar completamente los terrenos, pese a que el contrato así se lo exigía en un plazo máximo de tres años a partir de 2006.
La Ciudad del Transporte de Iruñea -actualmente integrada en Nasuvinsa- adjudicó en marzo de 2006 a una UTE de dos empresas constructoras la ejecución, comercialización y explotación de la tercera fase de este parque empresarial, que abarca más de 600.000 metros cuadrados -la mitad de los 1,2 millones de metros desarrollado hasta ahora en Imarkoain- por un plazo de duración del derecho de superficie de 15 años.
En contrapartida a los derechos de superficie y comercialización de los que se beneficiaba la UTE, esta se comprometía a ejecutar la urbanización de estos terrenos, asumir la construcción de las naves y abonar a la CTP un canon de 15 millones de euros, a razón de 1,5 millones anuales durante los diez primeros años.
Sin embargo, doce años después, la UTE «únicamente llegó a abonar la mitad de este canon estipulado y, a partir del año 2011, dejó unilateralmente de cumplir con los pagos pactados».
A partir de entonces, los incumplimientos han ido acumulando una deuda que alcanza los 7,4 millones de euros -a los que habría que sumar otros 1,5 millones en concepto de intereses por impago- y en su notificación de la resolución de contrato, Nasuvinsa subraya que «tan grave como el importe, ascendente a casi 9 millones de euros, es también el hecho de que, siendo una deuda vencida, líquida y exigible, no hayan efectuado ningún pago para minorarla en los últimos cuatro años».
Respecto al desarrollo del suelo que gestionaba la UTE, a pesar de que el contrato le exigía que desde 2009 toda la superficie de la tercera fase debía estar plenamente acondicionada para poder acoger implantaciones empresariales y establecía una penalización si no se cumplía este plazo, «las adjudicatarias cesaron estas labores de urbanización, quedando todavía pendiente de ejecutar una parte de ella», ha señalado Nasuvinsa.
La resolución del contrato y su notificación permite a Nasuvinsa recuperar la titularidad plena sobre los terrenos pendientes de comercialización de la tercera fase de la CTP y hacerse cargo de las obras de urbanización y edificación inconclusas, si bien liquidará a las adjudicatarias los trabajos realizados hasta ahora, conforme a la tasación que realice un perito designado por el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro.
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