![Representantes del cuatripartito y el consejero Laparra, en la presentación de la nueva Ley del Derecho Subjetivo a la Vivienda de Nafarroa. (GEROA BAI)](/media/asset_publics/resources/000/544/190/article_main_landscape/vivienda.jpg)
Así se ha puesto de manifiesto en la presentación del proyecto de ley, apoyado por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E, y explicado en conferencia de prensa por el vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra.
La aprobación de la ley hará de Nafarroa uno de los pocos territorios que contemplarían el denominado «derecho subjetivo a la vivienda», que supone el derecho a una vivienda digna y adecuada para cualquier ciudadano navarro que cumpla con los requisitos, y al que se le otorga el rango de un derecho fundamental, exigible por sí mismo.
Así, dado de que el parque público de vivienda en alquiler es insuficiente para satisfacer hoy la necesidad estimada de vivienda, el texto establece en su lugar, y de forma subsidiaria, una prestación económica garantizada, que se configura como un impuesto sobre la renta negativo mediante una deducción en la cuota diferencial.
Esa prestación tendrá dos modalidades, la primera, el programa denominado ‘EmanZipa’, es una prestación garantizada dirigida a jóvenes de entre 23 y 30 años y con una duración máxima de tres años, no necesariamente de manera ininterrumpida.
La cuantía de la ayuda será de un 50 % de la renta de alquiler mensual de la vivienda, con un máximo de 250 euros mensuales, y siempre que la renta de la vivienda no supere los 650 euros mensuales. Tendrán derecho a ella los jóvenes que no superen ingresos de 20.000 euros, o 30.000 en hogares de dos o más personas.
Una vez concedida, el pago se realizará de manera trimestral y tras aportar los justificantes bancarios de pago. La prestación se renovará anualmente siempre que se sigan cumpliendo con los requisitos.
El segundo programa se denomina ‘DaVId’ y es para familias con ingresos inferiores a una determinada cantidad, en función del número de miembros. La ayuda podrá ser de 300, 250 o 200 euros al mes en función de la renta disponible, y nunca superior al 50 % del precio del alquiler.
Para tener derecho se deberá estar inscrito en el censo de solicitantes de vivienda protegida con al menos un año de antigüedad a 1 de enero de cada año, y al igual que en el otro programa, la renta del alquiler de la vivienda no podrá superar los 650 euros al mes. El pago se realizará en este caso de manera mensual tras aportar los justificantes bancarios de pago, y se renovará anualmente, siempre que se sigan cumpliendo los requisitos.
Para la puesta en marcha del derecho subjetivo a la vivienda, se contempla un calendario gradual del reconocimiento del derecho, en función de la suficiente dotación de los recursos económicos, materiales y organizativos necesarios, si bien la intención es que la ley sea aprobada para que el reconocimiento del derecho subjetivo sea efectivo desde el día 1 de enero de 2019, de un modo muy amplio.
Se espera que la inversión social requerida supondrá una disminución de ingresos fiscales adicionales a las actuales deducciones por valor de 9,3 millones en el año 2019, de los cuales, 7,3 se destinarán al programa ‘EmanZipa’ y 2 millones al programa ‘DaVId’.
Además, la ley contempla otros cambios que continúan la senda de profundización en la función social de la vivienda, como la imposibilidad de destinar viviendas protegidas al alquiler turístico, la obligación de realizar el Informe de Evaluación de Edificios para las viviendas unifamiliares, o la consideración como infracción la no renovación de las cédulas de habitabilidad.
Valoración positiva
El vicepresidente Laparra, ha hecho una valoración muy positiva de la propuesta de ley, «un proyecto que aúna varios objetivos» porque busca propiciar la emancipación de la gente joven y con ella su capacidad de emprender un proyecto vital independiente, lo que a su vez potencia la natalidad.
Además, «se pretende igualmente garantizar a las familias con hijos e hijas, el poder hacer frente a sus gastos de alquiler de vivienda, lo que se traduce en una mejora de la igualdad de oportunidades reales de esos menores, reduciendo la lacra de la pobreza infantil», todo ello a través de «una vía innovadora, una deducción fiscal pero de cobro anticipado, pionera».
En la misma línea se han manifestado los portavoces del cuatripartito en la materia, ya que Isabel Aramburu, Geroa Bai, la ha considerado una «medida audaz, avanzada y progresista», «muy positiva porque a pesar de que no es la solución al problema de la vivienda, estamos convencidas de que contribuirá en buena medida al acceso de muchas personas a una vivienda digna y adecuada».
Por EH Bildu, Asun Fernández de Garaialde ha valorado la medida como «un avance hacia un modelo más social y en ese derecho a disfrutar de una vivienda digna», ha dicho tras enmarcarla en el «proceso de cambio de modelo» acometido por este Gobierno a lo largo del a legislatura.
Mikel Buil, Podemos, ha considerado el de hoy «un gran día» para su grupo, ha destacado «la vía fiscal» y el uso de la Hacienda navarra utilizada para implantar esta medida y las referencias para ello de «indicadores navarros», todo lo cual hace que este sea «un paso adelante para impulsar la justicia social desde la administración».
En la misma línea, José Miguel Nuin, I-E, ha mostrado su satisfacción porque este proceso «permitirá que miles de personas puedan en Navarra acceder a una vivienda» gracias a lo que ha definido como «un giro muy importante hacia lo social en la política de vivienda» que pone a Nafarroa «a la cabeza en derechos sociales y en políticas centradas en las personas».
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