Además, solicitarán la aplicación «efectiva» del convenio de colaboración suscrito entre Gobierno de Lakua, Eudel y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de 2013 para posibilitar la adopción de medidas de carácter social en casos de lanzamiento de vivienda familiar, cuyos efectos, han sido, a su juicio, «más mediáticos que reales».

El portavoz de las plataformas Marce García, acompañado por miembros de Stop Desahucios, de trabajadoras en huelga del Servicio de Ayuda Domiciliaria de la capital guipuzcoana y representantes de EH Bildu, Elkarrekin Podemos, Ezker Anitza e Irabazi, así como de sindicatos, ha criticado que «tampoco ha funcionado el Mecanismo de Adjudicación Directa de Viviendas Protegidas en casos de desahucios», ya que «su aplicación ha sido ridícula frente a los miles de lanzamientos llevados a cabo desde su aprobación».

García ha destacado que en la CAV durante el pasado año se han contabilizado 1.196 desahucios, de los cuales el 75% lo han sido por alquiler, que vive una «burbuja» que requiere de una «mayor implicación» de las administraciones públicas. A ello ha añadido que el parque público de viviendas de alquiler social, tanto de Etxebide como de los ayuntamientos, es «insuficiente».

Mayor parque público

Por todo ello, a través de mociones, Stop Desahucios solicitará a los ayuntamientos que «incrementen» su parque público municipal de vivienda, movilicen las viviendas deshabitadas aplicando el «canon» a las mismas y procuren, «de manera urgente», una «alternativa habitacional estable» a las familias.

También se pedirá a los consistorios que insten al Gobierno de Lakua a modificar el decreto sobre viviendas turísticas para que las comunidades de vecinos tengan «posibilidad de vetar a las viviendas turísticas en su comunidad por mayoría de tres quintos».