Tras dos jornadas de deliberaciones, el alto tribunal no ha conseguido superar la fractura existente en la Sala, que conforman un total de 28 magistrados, y el fallo ha salido adelante por 15 votos frente a 13.

En las sentencias, que se conocerán en su integridad en los próximos días, el alto tribunal recupera el criterio vigente hasta el 16 de octubre, según el cual es el cliente quien se beneficia al inscribir la hipoteca en el Registro de la Propiedad y, por tanto, debe pagar la tasa.

En tres sentencias divulgadas el pasado 18 de octubre, el Supremo se desdecía de su doctrina anterior y optaba porque fueran las entidades financieras las que se hicieran cargo del impuesto, al considerar que el sujeto pasivo era el prestamista, y no el prestatario.

El fallo le costaba a los bancos la pérdida de 5.000 millones de euros de cotización bursátil en un solo día, y obligaba al presidente de la sala, Luis Maria Diez Picazo, a convocar un pleno que comenzó ayer lunes y que se ha prolongado durante cerca de 16 horas.

Las asociaciones de consumidores se han apresurado a criticar el fallo, y Facua ha acusado al sector financiero de difundir mensajes «engañosos y alarmistas» para no tener que asumir el impuesto.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha calificado de «inaudita» la sentencia, que supone una marcha atrás sin precedentes en contra de la propia jurisprudencia de Tribunal. «Hoy gana la banca y pierden los consumidores y toda la sociedad», ha remarcado.

«Justicia contaminada»

La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Lucía Delgado, ha considerado que este cambio de criterio en el TS es un «reflejo de que la justicia española está contaminada por los grupos de presión inmobiliarios y financieros».

«No puede ser que no se tenga en cuenta a los consumidores y por ello hay que replantear la justicia española, ya que las instituciones deberían velar por los ciudadanos y no por los grupos de presión», ha añadido.

Delgado ha insistido en que la actual legislación «da sobreprotección a las entidades financieras y no protege a las familias» y por eso cree que «es una estafa hipotecaria».

En este sentido, ha confiado en que Europa «escarmiente y dé un varapalo a la justicia española, como ya lo hizo con las cláusulas abusivas, y el tiempo dé la razón a las familias. Ya fue indecente que se replantearan la sentencia que daba la razón a los consumidores, pero ahora, que le den la razón a la banca, es más que indecente y no puede ser que no se tenga en cuenta la parte de los consumidores».