Con la sesión de este miércoles se han cerrado las sesiones de las declaraciones de los 26 acusados, que comenzaron el pasado 15 de octubre y que en los últimos días han vivido el reconocimiento de pago de comisiones ilegales por parte de los procesados relacionados con el proyecto de recalificación urbanística de 150 hectáreas en la localidad alavesa de Zambrana para crear un polígono industrial valorado por sus promotores en 65 millones, un proyecto que finalmente no llegó a materializarse.

El empresario Josu Arruti reconoció el lunes que el exdirigente del PNV y antiguo diputado foral alavés de Administración Local Alfredo de Miguel le propuso solicitar a la firma catalana Construcciones Riera el pago de comisiones ilegales por importe total de 322.000 euros por el desarrollo del polígono de Zambrana. Este testimonio fue posteriormente ratificado por los responsables de la empresa, que confirmaron el pago de las citadas comisiones.

Los antiguos administradores de Construcciones Riera declararon que el empresario vasco les pidió en 2005 una comisión para «dinamizar el proyecto» gracias a la influencia de Alfredo de Miguel.

Tras estas declaraciones, y finalizada la fase documental, la Fiscalía tiene hasta el miércoles 14 de noviembre para presentar por escrito las conclusiones definitivas, y las defensas tendrán de plazo hasta el viernes 16 de noviembre. En las mismas se prevén cambios, después de que 9 de los 26 acusados hayan alcanzado acuerdos con la Fiscalía, lo que afectará a la petición inicial de penas.

Las sesiones se retomarán el próximo 20 de noviembre, cuando se presenten las conclusiones definitivas que previsiblemente incluirán cambios en las penas para los acusados relacionados con la operación Zambrana, pero que se podrían mantener en el caso de las solicitadas a De Miguel, a quien se atribuyen delitos como blanqueo de capitales, cohecho, fraude en la contratación, coacciones, malversación y tráfico de influencias. La suma de penas solicitadas por estos tipos penales es de 54 años y diez meses de cárcel. Asimismo, el Ministerio Público reclama a De Miguel el pago de una fianza de 25 millones de euros.

Últimas declaraciones

En la sesión de este miércoles ha declarado Estibaliz Arruti, hermana del empresario Josu Arruti, y su marido Gorka Errasti. La Fiscalía pide para cada uno una pena de seis años de cárcel.

La primera ha explicado que su trabajo en la empresa familiar Sidepur, una de las sociedades investigadas, se limitó a cuestiones administrativas y que su hermano no le comentó nada de las comisiones que este admitió el lunes ni tuvo participación en la negociación de la misma.

Errasti, socio constituyente de Zerulur, otra de las empresas investigadas, ha reconocido que creó esta sociedad porque tenía «confianza ciega» en su suegro –también imputado–, y que no puso en duda el flujo de dinero entre las tres empresas familiares.

También ha enmarcado dentro de la normalidad la contratación de la mujer de De Miguel y los sueldos que cobraban, a pesar de que no tenían facturación.

Esta forma de actuar ha provocado la «extrañeza» del presidente del tribunal, Jaime Tapia, quien ha emplazado a Errasti a dar una «explicación un poquito más boyante».