![Imagen de una de las misas celebradas en los Caídos. (Iñigo URIZ / FOKU)](/media/asset_publics/resources/000/540/282/article_main_landscape/misa.jpg)
Presentada por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos Orain Bai e I-E, la declaración ha contado con el apoyo de UPN, PSN y PP solo en alguno de sus puntos.
En ella, el Parlamento dice que la labor de investigación de Martínez y Bernad «se ha visto criminalizada, anteponiendo la protección de la intimidad de los verdugos al derecho de la ciudadanía a conocer la verdad, la historia, así como la sociología de la ciudad de Pamplona».
La Cámara «se opone a la persecución judicial de quienes realizan su trabajo de investigación sobre episodios vinculados a la memoria histórica, en el marco del derecho constitucional y la libertad de expresión».
Asimismo reitera su «rechazo a la politización de la justicia, que avala la legitimación activa de La Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz, creada en 1939 por excombatientes requetés para mantener íntegramente y con agresividad si fuera preciso, el espíritu que llevó a Navarra a la Cruzada por Dios y por España y por cuyo objeto debería estar ilegalizada en una sociedad democrática».
Por último, el Parlamento «expresa su compromiso con el cumplimiento de las leyes de memoria histórica que garanticen la verdad, justicia y reparación de la ciudadanía navarra y la no connivencia con cualquier tipo de acto de enaltecimiento del franquismo que suponga un ataque de la dignidad de sus víctimas».
El juicio a Bernad y Martínez, del colectivo memorialista ZER y de la editorial Alkibla, está señalado para los días 14 y 15 de noviembre y en el se enfrentarán a peticiones de cárcel de dos años y dos años y seis meses y multa de 12.000 euros por un delito de «revelación de secretos».
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