Se busca un modelo de contratación pública que mantenga los principios de eficacia y eficiencia, pero que además integre y potencie los objetivos sociales en la contratación, de modo que cada servicio, obra o suministro, fomente la igualdad de género, el empleo de personas vulnerables, los derechos de las personas con discapacidad, un empleo digno y de calidad, la economía circular, la responsabilidad social de las empresas, la cohesión social y territorial, y facilite la contratación de Centros Especiales de Empleo, Empresas de Inserción, entidades de economía social, así como de pymes y micropymes.
El planteamiento implica dotarse de una norma de obligado cumplimiento en materia de compra pública responsable (Acuerdo o Instrucción), así como de una guía detallada que incluirá un clausulado exhaustivo sobre diversas temáticas sociales y para las diferentes fases del procedimiento de contratación.
El concejal delegado de Transparencia, Innovación y Política Lingüística, Aritz Romeo, el director del área, Arturo Ferre, y Santiago Lesmes de la Consultora De Par en Par, han presentado esta línea de trabajo municipal, que se enmarca en el proyecto Trebatu, puesto en marcha a principios de esta legislatura, con el objetivo de conseguir un sistema de contratación pública más equitativo, en línea con los planteamientos realizados por la Unión Europea, la Administración española o la propia Nafarroa.
Trebatu pretende incentivar la participación de las pymes, micropymes y profesionales autónomos en la contratación pública, así como seguir fomentando la reserva de mercado, a través de la que entidades y empresas sin ánimo de lucro acceder a determinados contratos públicos. En definitiva, pretende conseguir un sistema de contratación pública responsable y cada vez más transparente.
Verificar y evaluar de manera efectiva
Además, el Ayuntamiento de Iruñea se propone ser la primera administración pública del Estado que verifique y evalúe de manera efectiva el impacto social de la contratación pública. Para ello, cada cláusula social irá acompañada de un verificador que demuestre su efectivo cumplimiento y de un medidor de impacto que permita computar su eficacia y resultados.
De este modo, una vez finalizado el proceso, el Ayuntamiento podrá conocer cuál es el beneficio y los resultados sociales de la contratación en un periodo determinado. Por ejemplo: se sabrá el número de personas con discapacidad contratadas, las mujeres víctimas de violencia de género empleadas, si la totalidad de las plantillas prestadoras de contratos públicos se acogen al convenio colectivo, si se incrementan los contratos indefinidos, cuál es el importe contratado o subcontratado con Centros Especiales de Empleo y Empresas e Inserción, cuántas medidas de igualdad de género se han aplicado y a cuántas personas han beneficiado, qué importe de productos de comercio justo se han contratado o cuántos productos de kilómetro cero se han comprado, entre otras variables..
Renovación de la contratación estratégica
En lo que a la práctica se refiere, esta nueva estrategia conllevará la renovación de dos instrumentos normativos de incidencia directa en la contratación del Sector Público del Ayuntamiento de Iruñea: la instrucción en materia de contratación pública estratégica del Consistorio y los pliegos tipo de contratación pública.
Entre las acciones que se van a llevar a cabo se encuentran una guía aplicativa con un exhaustivo clausulado social, verificadores de cumplimiento asociados a cada cláusula social, medidores de impacto asociados a cada cláusula social, diez talleres formativos, asesoramiento para la incorporación de la contratación pública responsable y estratégica en los pliegos de contratación municipales y un plan piloto de transparencia aplicada a la contratación pública estratégica y responsable.
El Ayuntamiento de Iruñea va a llevar a cabo este trabajo mediante un contrato de asistencia técnica ya adjudicado por procedimiento abierto a la empresa consultora De Par En Par por un importe de 40.000 euros. La asistencia se enmarca en la necesidad de definir procesos de trabajo relativos a desarrollar eficazmente un modelo de contratación pública cada vez más estratégica e innovadora en el marco de los cambios normativos, socioinstitucionales, económicos y culturales que se están produciendo. Todo estará coordinado por un equipo técnico municipal formado por personal técnico de diferentes áreas dependiente del área de Transparencia, Innovación y Política Lingüística.
Acceso a la compra pública
Un sistema socialmente responsable en contratación pública posibilita que un mayor y más diverso colectivo de agentes puedan acceder a la compra pública, así como beneficios sociales ligados a los procesos económicos globales y locales. También debe incidir en una mayor colaboración público – privada para mejorar la eficacia del sistema, la aplicación de productos/servicios innovadores, el conocimiento del mercado, las necesidades de los sectores o el propio know – how de los y las profesionales de la administración. De la misma manera, debe tener efectos positivos en los mecanismos de control y seguimiento de determinados contratos públicos implementando procesos de trabajo más innovadores y generando redes de colaboración con otras instituciones públicas.
La contratación pública se configura como una herramienta de transformación social, ya que responde a la necesidad de incentivar la equidad. De ahí el camino y la apuesta por definir una estrategia de trabajo multinivel y transversal en el Ayuntamiento de Iruñea con participación de las diferentes áreas municipales y del propio mercado. Se busca, por tanto, diseñar y poner en marcha, de manera progresiva y consensuada, una línea de trabajo estratégica en el ámbito de la contratación pública socialmente responsable.
El volumen de contratación del Ayuntamiento de Iruñea en 2016 fue de 35.558.78,14 euros, sin contabilizar los contratos menores. Esta cifra ofrece una perspectiva de la importancia de la contratación pública tanto para el Consistorio como para la ciudadanía, desde el punto de vista de los recursos económicos y de los bienes y servicios prestados. En 2017 el importe total licitado ascendió a 21.436.801,39 euros.
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