¿Puede recordarnos la razón por la que la Mancomunidad Vasca ha decidido recientemente hacerse cargo de un piso de acogida para mujeres víctimas de violencia machista?

En estos momentos estamos trabajando en la asunción de competencias de la Mancomunidad Vasca (MV). Teníamos sobre la mesa una moción sobre Acción Social que había sido ya tratada en el Consejo Ejecutivo y yo propuse poner de forma más visible la especificidad de la problemática de las mujeres víctimas de violencia. Redacté una enmienda a petición del presidente Etchegaray que dice que la MV «declara de interés comunitario el apoyo a la acción colectiva e innovadora que permita el acceso a la justicia, a la vivienda y al trabajo a las mujeres víctimas de violencia». En el intervalo de esta reunión y la del Consejo de la Mancomunidad que iba a votar la moción sobre Acción Social, se supo que la financiación solicitada por la Fiscalía al Estado para el alquiler de un piso de urgencia dedicado a estos casos fue rechazada por el Prefecto, cuando menos, en su mayor parte. Creo que el Fiscal había solicitado alrededor de 11.000 euros y se le concedieron solo 3.400 euros. El fiscal Samuel Vuelta hizo público el hecho, algo que realmente no es habitual y Etchegaray decidió que la MV asumiese el gasto que quedaba pendiente y así lo corroboró el Consejo el 3 de noviembre pasado. Además, con la inclusión de esta competencia se abre la posibilidad de que la MV pueda apoyar iniciativas de colectivos que trabajan en el campo de asistencia a las mujeres maltratadas.

¿No es un modo de descargar al Estado de las responsabilidades que le son propias?

Se puede interpretar así pero es una manera de avanzar en este tema. En el debate de preparación de la moción recordé las dificultades que teníamos ya en época del Observatorio de la violencia contras las mujeres para alojar estos casos urgentes puesto que el País Vasco cuenta con menos pisos de acogida que el resto del Departamento de Pirineos Atlánticos. Justo al día siguiente el fiscal sacó a la luz el tema, (seguramente estaría molesto porque, insisto, es muy raro que se manifieste públicamente sobre otra instancia estatal) y Etchegaray decidió dar el paso.

¿Hay menos pisos de acogida de urgencia aquí que en el Béarn?

Sí. La falta de este tipo de viviendas es evidente. En su día, ya lo habíamos detectado en los trabajos que hicimos en el Observatorio durante los tres años que funcionó [de octubre 2013 a mayo 2015]. Y no solamente en la costa, sino también en el interior. Personalmente estuve con la Gendarmería de Donapaleu y Hazparne que relataron las dificultades que tenían cuando se daban casos muy graves y no tenían medios para alojar a la mujer agredida y a sus hijos. Algunos alcaldes del interior también nos hicieron propuestas para paliar de algún modo a esta carencia, como por ejemplo el de Gixune, que planteó que podrían arreglar pisos que estaban ocupados antes por ejemplo por los maestros del pueblo. Son algunas pistas para dar respuesta a la urgencia que creo que habría que retomar porque si esperamos a que el Estado se ocupe tenemos que esperar siglos y nunca llegan. Hay que acometer iniciativas por nosotras mismas. Y no solo en este aspecto sino en otros que también atañen a esta problemática, como la asistencia jurídica. Ya no hay asesorías en Donapaleu o en Donibane Garazi desde hace años.

La Fiscalía ha anunciado la creación de un Polo de Victimología compuesto por profesionales (sicólogos, asistentes sociales, médicos, policía…) que trabajará en colaboración con el Hospital. ¿Qué le parece?

No conozco en detalle el proyecto pero, en principio, me parece un gran avance. Nuestra experiencia en el Observatorio nos enseñó que en los casos de mujeres agredidas los certificados médicos deben hacerse siguiendo un protocolo descriptivo específico para que luego sean válidos jurídicamente. Hubo médicos forenses que iban a ser formados en ese sentido en Baiona pero no se hizo y había que ir hasta Pau. Si el proyecto de Polo de Victimología aborda aspectos como este es un paso importante. Además, en aquella experiencia trabajábamos conjuntamente con Fiscalía, el hospital y la comisaría. Recuerdo que la anterior fiscal, Anne Kayanakis, se implicó mucho en este tema. Fue algo muy positivo y novedoso. Y si ahora la iniciativa del Polo de Victimología parte de la propia Fiscalía y para instaurar un equipo pluridisciplinar, creo que hay que aplaudirla porque la atención primaria y pluridisciplinar en estos casos es primordial. Hay que hacer cosas operacionales.

¿La MV contempla también otros campos de acción sobre esta cuestión como la concienciación social, formación, educación de jóvenes…?

Por el momento no. La MV no puede asumir todo y tampoco se sustituirá a las obligaciones del Estado. Sin embargo, estará ahí para apoyar iniciativas en ese sentido y, a poder ser, para paliar a las carencias sobre todo urgentes.

Desde su creación, la MV asumió la igualdad mujer-hombre como una cuestión transversal de su acción política. ¿Qué pasos han dado?

Precisamente estos días tenemos la primera reunión para abordar la cuestión a nivel interno (recursos humanos, diagnóstico…). Está la cuestión de sensibilizar a los electos, sobre todo masculinos; la integración de la igualdad en las políticas públicas, recoger datos diferenciados por sexo a nivel del País Vasco, revisar todo el aspecto comunicativo… También tenemos líneas de trabajo a nivel externo en colaboración con la coordinadora EBA [Egiazko Berdintasunaren Alde] para impulsar a las mujeres a integrarse en las listas electorales. Por ahora, estamos en la fase de elaborar una radiografía del estado actual de todas estas cosas. Tenemos mucho trabajo por delante.

ELKARGOA, ASISTENTZIAN AURRERA EGITEKO PREST

Euskal Elkargoak indarkeria matxistari aurre egiteko politiketan esku hartzea erabaki du, biktima diren emakumeen arreta zerbitzuen bidez. Martine Bisauta Elkargoko lehendakariorde eta aktibista feministak azaldu duenez, Estatu Frantsesak Ipar Euskal Herritik eskatutako finantzaketa onartu ez izanaren ondorioz, Elkargoak bere gain hartu du biktimentzako pisu baten ordainketa. Estatuak bere konpromisoak ez dituela betetzen salatu du, eta horren aurrean euskal erakundeek irekitako bidea txalotu.