«Todas las cuestiones que se han llevado a cabo, todas las decisiones que se han asumido y adoptado en torno a la ocupación del marques de Rozalejo han sido de manera absolutamente compartida y colegiada por el Gobierno de Navarra, y en ningún caso de ninguno de sus miembros por separado o de manera personal», ha aseverado.

Solana ha realizado estas declaraciones en comisión parlamentaria, donde ha comparecido junto a la consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, Mari Jose Beaumont, para informar sobre esta cuestión a petición de UPN y Podemos-Orain Bai.

Ante la acusación de UPN de que el Gobierno ha querido «permitir» la ocupación del edificio por parte de los «amigos abertzales y antisistema» de algunos grupos que conforma el Ejecutivo, ha respondido que no sabe «qué tipo de amistad» les une con esas personas y que «no se trata de ser más o menos amigos, se trata de cumplir la ley y es lo que hizo este Gobierno».

«Lo hizo sobre todas las cosas, le pareciera lo que le pareciera a cada uno de sus miembros, e hizo lo que tenía que hacer –ha añadido-, fueron actuaciones correctas y oportunas».

En este sentido, ha considerado que «lo que sucedió aquel agosto fue una consecución de acontecimientos en los que hubo que estar a la altura de las circunstancias».

A su juicio, la resolución de aquella situación «habla de que sí se estuvo a la altura en una toma de decisiones políticas que ha habido quien ha querido judicializar».

De esta forma, la portavoz del Ejecutivo ha incidido en que «no hubo ningún altercado reseñable, ningún herido a propósito del mismo y que no se llevó a cabo la detención de ninguna de las personas que se encontraban en el inmueble por causa del desalojo».

Sin embargo, ha reconocido que «en las inmediaciones hubo otro tipo de altercado». «Nosotros tenemos presente qué es lo que aconteció tanto en el desalojo como en las inmediaciones y tenemos la firme convicción de que se actuó de manera absolutamente responsable», ha aseverado, tras recordar que en un primer momento se realizó un llamamiento público al diálogo que fue rechazado por los ‘okupas’.

Solana, que ha garantizado que se actuó «conforme a norma» y con la voluntad clara «de evitar males mayores», ha querido poner en valor que «continuamente se ha informado de lo que estaba sucediendo y se ha hecho de un modo transparente».

También ha querido hacer referencia a la solicitud de suspensión de desalojo realizada apelando a la «seguridad ciudadana y a la imposibilidad de ir a un desalojo definitivo si no se avanzaba en otro proyecto paralelo dentro del edificio».

Una petición que obtuvo una respuesta «absolutamente inesperada» pues el juez no resolvió sobre «lo solicitado» sino que se decidió «ir más allá y archivar la causa».