La iniciativa, impulsada por los grupos que sustentan el cuatripartito, ha obtenido el apoyo de los grupos proponentes y de Partido Socialista de Nafarroa, además de la abstención de UPN y PPN.
La norma, que tiene por objeto «reconocer de forma explícita y con carácter reclamable ante las Administraciones Públicas el derecho a una vivienda digna y adecuada para cualquier persona empadronada en la Comunidad Foral», simplifica el procedimiento para declarar las viviendas deshabitadas, crea un Registro de las mismas y fomenta la rehabilitación protegida.
Para ello, se contempla un sistema de deducciones fiscales por arrendamiento, que serán abonadas de forma anticipada, y que tendrá dos modalidades.
La primera de ellas estará dirigida a jóvenes de entre 23 y 30 años empadronados en Nafarroa cuyas rentas no superen los 20.000 euros o, si son miembros de una unidad familiar, los 30.000 euros de manera conjunta.
La segunda se encuentra ligada a la insuficiencia de recursos económicos para financiar el acceso a una vivienda mientras los ingresos sean inferiores a 1,7 veces el indicador de Suficiencia Adquisitiva por Renta Adecuada (SARA).
En este sentido, se sustituye el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples por el nuevo Índice de Suficiencia Adquisitiva por Renta Adecuada (SARA) que, «basado en datos objetivos de la economía navarra, se convierte en referencia base en materia de vivienda y rehabilitación protegida».
El Registro de Viviendas Deshabitadas, de nueva creación, se integrará en el Registro General de Viviendas de Nafarroa. Asimismo, el Departamento competente en materia de Vivienda remitirá al Parlamento, en el primer cuatrimestre de cada año, un informe para medir la efectividad de las medidas y su evolución.
La parlamentaria de Geroa Bai Isabel Aranburu ha destacado el carácter «eminentemente social, progresista y avanzado» de la ley, pues en ella se reconoce la vivienda como «un bien básico y no como un objeto de negocio ni de especulación».
Asun Fernández de Garaialde, parlamentaria de EH Bildu, ha calificado como «muy importante» el paso dado con la aprobación de esta norma, aunque ha advertido de que «no puede ser el final porque queda muchísimo por hacer».
El parlamentario de Podemos-Orain Bai Mikel Buil ha afirmado que se ha conseguido «dar un empujón al alquiler social» y que este es «un gran día para la ciudadanía navarra», aunque «un poco agridulce para Podemos, que se ve amenazado por una expulsión de los tránsfugas».
Buil hacía así referencia al escrito presentado ante la Mesa del Parlamento en el que los parlamentarios de Orain Bai pedían este mediodía «la exclusión del grupo parlamentario» de su persona, de Tere Sáez y de Ainhoa Aznárez.
Por su parte, y aunque a su juicio se queda «corta», Ainhoa Unzu, PSN, ha subrayado que la ley aprobada esta tarde supone «un avance» y es «muy social».
El portavoz de I-E, José Miguel Nuin, ha mostrado su «satisfacción» ante la aprobación de esta norma, que ha calificado como «importante» porque «avanza en una política de vivienda diferente a la que se ha venido aplicando en Navarra».
«Por supuesto que nosotros hubiésemos querido y deseado que el alcance de esta ley fuese mayor, y no renunciamos a ello, pero nos parece un gran paso», ha remarcado.
Luis Zarraluqui ha advertido de que UPN no puede «dar el voto positivo a una mala práctica administrativa como es la de tramitar un proyecto de ley foral de un gobierno no como está estipulado, sino por la gatera, por la puerta de atrás, trayéndolo como una proposición de ley».
«Responde a una campaña preelectoral, no va a tener efecto en esta legislatura y está mal concebida», ha añadido, tras calificar esta ley como «tramposa».
Javier García ha justificado la abstención del PPN argumentando que la ley «no tiene en cuenta a un importante sector de la juventud», como son los comprendidos entre 18 y 23 años ni a los mayores de 30.
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