Hace unos días dieron a conocer el bloqueo de las conversaciones con el Ministerio de Justicia en relación con la situación de los presos políticos vascos ¿Cree usted que la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno español tiene algo que ver? ¿Cómo lo explicaría?

Podría interpretarse así. Pero quisiera incidir en que con el gobierno actual ha habido un número considerable de presos que han sido acercados al País Vasco y eso es muy positivo. Dicho eso, es cierto que actualmente se percibe más rigidez y tensión. Espero que sea pasajero y que volveremos a la mesa para seguir tratando más cuestiones. Respecto a si esto está ligado al cambio político en España, es posible. El bloqueo ha coincidido con dicho cambio. A pesar de todo, espero que el Gobierno francés siga teniendo una posición propia y que no esté a las órdenes del Gobierno español. Es importante que el Gobierno francés busque su propia solución.

La directora adjunta de la ministra de Justicia, Hélène Davo, ha declarado recientemente que París nunca dijo que todos los presos vascos serían acercados a Euskal Herria y que ustedes eran sabedores de ello.

Es verdad que ella nunca ha escondido que sería difícil y mucho más aún cuanto más se avanzara en ese camino porque llegarían los casos de condenados por delitos de sangre y que eso plantearía problemas. Pero creo que ella nunca nos ha dicho que sería un no definitivo para esos casos sino que sería mucho más complicado cuando llegara el momento de abordarlos. Pero es una cuestión de tiempo y no un rechazo claro. Comprendemos que sea más arduo, sobre todo, por el tema de las víctimas pero se puede seguir hablando de ello y, con el tiempo, buscar una solución porque se trata del acercamiento, de aplicar algo contemplado en la legislación ordinaria y eso no atenta contra las víctimas. En Francia, como en cualquier otro estado de derecho, no corresponde a las víctimas decir dónde deben estar encarcelados. Son cosas diferentes y no deben llevar a confusión. Quizás la señora Davo ha dado lugar a esa interpretación...

Desde luego los argumentos avanzados para no proseguir con el acercamiento de presos son prácticamente los mismos que los expuestos en la era de Mariano Rajoy...

Creo que hay que insistir en que lo que pedimos nosotros es la aplicación de la legislación ordinaria y, por tanto, que las personas condenadas pueden cumplir sus condenas en centros penitenciarios cercanos a sus casas. Eso no debe ser ofensivo para las víctimas y estas no puede exigir al Gobierno francés que estén encarcelados a 600 o 700 kms. del País Vasco. No veo el nexo entre el acercamiento y el respeto que se merecen las víctimas, que comparto totalmente.

A pesar de todo, según Hélène Davo, la puerta del diálogo sigue abierta...

Bueno, ella nunca nos ha expulsado y no puede decirse que la puerta está cerrada. Ahora bien, si nos reunimos es para hacer algo concreto. Si hay una especie de cerrazón por parte del gobierno sobre los casos que siguen pendientes, ¿para que sirven? Creo que es indispensable que la propia ministra de Justicia diga –ella misma– si es útil que sigamos reuniéndonos o no. Yo lo veo así. No hay ruptura, nada está cerrado definitivamente pero hemos constatado que no avanzamos y eso es lo que nos preocupa. Por ejemplo, retirar el estatuto DPS [similar al FIES en el Estado español] es una decisión que depende únicamente de la administración penitenciaria. Que se lo retiraran a quienes siguen aplicándoselo podría ser una medida que nos permitiría retomar el diálogo.

¿Cómo está la cuestión de las libertades condicionales?

Voy a estar próximamente con Jacques Esnal y también con Jon Parot. El pasado 8 de octubre visité a Fréderic Haranburu. Son los tres presos que llevan más años en la cárcel. En sus casos, la cuestión es más compleja porque la decisión depende de los jueces. Cuando planteamos su situación al gabinete de la ministra nos recuerdan que la Justicia es independiente y que no pueden dar órdenes ni a fiscales ni a jueces. Lo que sí insistimos es en que el contexto ha cambiado totalmente, que estas tres personas apoyan el proceso de paz y que no existe amenaza terrorista (aunque ahora tenemos otra de diferente tipo) por parte de una organización que ya se ha disuelto.

Precisamente los condenados estos días por el caso de Ortzaize han subrayado que el tribunal no toma en cuenta ese cambio de contexto...

Es uno de los temas que nos preocupa sobremanera ¿Cómo podríamos hacer llegar ese mensaje de manera más clara? ¿Qué hacer para que los jueces vean efectivamente que no estamos en la situación anterior a Aiete o del desarme y de la disolución de ETA? No se puede tener hoy la misma percepción que entonces; sería desconocer la evolución de la sociedad vasca. No se puede decir, por ejemplo, que hay riesgo de desorden público o de reincidencia por parte de quienes fueron condenados a penas muy largas que es lo que argumentan para rechazar las libertades condicionales. En Francia es muy raro que haya personas que lleven 30 años en la cárcel. No estamos pidiendo favores, ni la amnistía, ni un régimen especial sino la aplicación de la ley ordinaria.

¿Es por ello que están haciendo el llamamiento a manifestarse a la sociedad vasca?

Pienso que estamos obligados a rendir cuentas de nuestra acción también a la sociedad, hablarles sinceramente y hacerles partícipes; que se exprese sobre este tema, que manifieste su punto de vista y su voluntad de avanzar en este asunto. Hasta ahora, ha habido un consenso muy amplio a este respecto. Partidos políticos de tendencias opuestas apoyan este proceso de paz y el acercamiento de presos en el marco de la legalidad francesa. Hay que seguir actuando y presionando juntos al Gobierno. Creo que puede valer para que acepte el diálogo, a condición de que este sea constructivo, claro.

¿Ha tenido usted ocasión de hablar de todo esto directamente con el presidente Macron?

No. Tenía previsto entregarle una nota en su visita a Biarritz esta semana pero, al final, no vino. Obviamente, recurrir a él directamente es una hipótesis que no descartamos pero, por ahora, hemos dejado constancia de que deseamos seguir la vía de las conversaciones y de que la sociedad civil se exprese.

«No se debería menospreciar el movimiento de los chalecos amarillos»

Las protestas de los «chalecos amarillos» están teniendo eco también en Ipar Euskal Herria. ¿Cómo valora usted este movimiento?

Creo que es algo que viene de lejos. Se trata de personas que recibíamos ya hace tiempo en los ayuntamientos, que tienen problemas para llegar a fin de mes, que no alcanzan a tener una vivienda conveniente, que tienen trabajos a tiempo parcial, autónomos con problemas económicos... Hay muchos que han tenido un trabajo pero que no les daba para vivir de un modo digno. En el País Vasco, constato que las protestas han sido bastante respetuosas, que no ha habido destrozos o bloqueos importantes (salvo los de la frontera que afecta, sobre todo, a los transportistas) como en otros sitios. Me he reunido con algunos y han sido dialogantes, no apoyan el movimiento violento.

¿Qué solución ve para los problemas que plantean?

Bueno, el presidente ha propuesto el debate nacional y ya ha habido medidas muy significativas que estamos votando ahora mismo en la Asamblea Nacional y el Senado y que van suponer 10.000 millones de gasto suplementario, un esfuerzo que conlleva llevar el déficit a más de un 3%. Actualmente el clima social en Francia es extremadamente tenso y espero que las manifestaciones de París cesen porque, lamentablemente, una parte de los «chalecos amarillos» que se ha radicalizado está dando opción a los extremistas para actuar de un modo inaceptable. Pero, al mismo tiempo, no se debería menospreciar el movimiento porque es cierto que está poniendo en cuestión muchas cosas en los mismos partidos, en la vida social y creo que hay que intentar encontrar soluciones perennes, respecto a la participación de los ciudadanos en las decisiones, a la justicia social, a las rupturas territoriales, a las desigualdades... Hay que abordar todo esto y buscar soluciones, algunas de ellas, quizás, bastante radicales.

La no dependencia voluntaria de ningún partido y/o sindicato proclamada por los chalecos amarillos, ¿no deja de manifiesto que existe una crisis de representatividad?

Sí, pero espero que no tengan la ingenuidad de creer que la democracia directa resuelve todos los problemas. Funcionar a golpe de referéndum para abolir leyes puede resultar peligroso porque, por ejemplo, podría conllevar el restablecimiento de la pena de muerte en cuanto haya un crimen. Pero es cierto que es necesaria una mejor y más amplia representación de las diferentes tendencias políticas en nuestros parlamentos, que los propios parlamentos sean más fuertes y más independientes respecto del Gobierno y que, en determinados temas y bajo ciertas condiciones, se garantice la participación directa de la ciudadanía en los debates y también en las decisiones.A.M.