En la citada nota, el Ejecutivo señala que «debe informar a la opinión pública de que a finales del pasado mes de diciembre tuvo conocimiento por información vecinal del edificio denominado palacio del Marqués de Rozalejo de que se escuchaban ruidos de obras en el interior del mismo, dato que se consideró preocupante porque las obras podían poner en peligro a los ocupantes, causar daños en elementos protegidos del inmueble y/o provocar desperfectos en edificios colindantes».

Por ello, el día 2 de enero actual solicitó del Juzgado de Instrucción nº 4 de Iruñea donde se sigue el juicio por Delitos Leves 2181/2017 autorización judicial para la entrada en el edificio por agentes de la Policía Foral junto con técnicos designados por el Servicio de Patrimonio «a fin de constatar la veracidad o no de dichas informaciones vecinales, esto es, la realización en el interior de algún tipo de obras y, en su caso, la determinación, alcance y consecuencias de las que se pudieran estar realizando».

Por Auto del citado Juzgado del día 4 de enero se dispuso autorizar el acceso al interior de Marqués de Rozalejo de agentes del Área de Investigación Criminal y de la División de Información de la Policía Foral junto con técnicos designados por el Servicio de Patrimonio «al fin de inspección solicitado, y a fin de adoptar las medidas que fueran precisas para eliminar o subsidiariamente disminuir dichos riesgos, disponiéndose en el Auto que además por el Gobierno de Navarra se debían adoptar las prevenciones personales y materiales adecuadas para garantizar que las medidas que se ejecuten se mantengan en el tiempo».

Por parte de los técnicos se ha emitido informe y que ya ha sido presentado en el Juzgado de Instrucción nº 4 así como al alcalde del Ayuntamiento de Iruñea.

En el citado documento indican que se constata que se realizan actividades de reunión, cine y bar dentro del edificio, en cuyo interior se han realizado obras.

Igualmente se observa que se ha ampliado la instalación eléctrica y en ese sentido se detalla que «tiene un enganche ilegal en fachada que se ha realizado al trenzado de la compañía de distribución».

El enganche pasa por dos fusibles en fachada desde los que se acomete a cuadros sin protecciones diferenciales, según el informe que añade que la instalación eléctrica discurre «desordenada por todo el edificio, con secciones y empalmes inadecuados, sin entubar y accesibles a las personas».

Además, según señalan los técnicos, se constata la acumulación de enseres, productos inflamables como una bombona de butano y otros materiales.

En el inmueble hay «huecos en zonas abiertas y accesibles a las personas sin protección adecuada, con riesgo de caídas» y, según agregan, se constata la necesidad de completar apeos en puntos concretos del edificio no identificados en el informe del año pasado

En estos momentos, los técnicos continúan realizando una inspección más detallada del estado del inmueble, de cuyo resultado «se dará cuenta así como de las oportunas actuaciones», añade el Gobierno.