Las conversaciones entre una delegación conformada por electos y representantes de la sociedad civil de Ipar Euskal Herria y el Ministerio de Justicia galo tomaron carta de naturaleza oficial en octubre de 2017. La propia ministra gala de Justicia, Nicole Belloubet, confirmó que existía un «espacio de trabajo estable» en una entrevista matinal con la radio pública francesa. Desde entonces, su directora de gabinete, la magistrada Hélène Davo, ha sido la principal encargada de fijar agenda y conducir las reuniones con la parte vasca. Un proceso sustentado, en palabras del artesano de la paz Mixel Berhokoirigoin, en «la construcción de confianza y el trabajo discreto al margen de la sobreexposición mediática», pero que según daba a conocer en vísperas de Navidad la delegación que encabeza el presidente de la Mancomunidad Vasca, Jean-René Etchegaray, quedó interrumpido allá por el verano.

La delegación valoraba, no obstante, los avances reportados por esa interlocución y aportaba como logro principal esos 25 traslados de presos vascos (la mitad del colectivo) a dos cárceles próximas a Euskal Herria, las de Mont-de-Marsan y Lannemezan. Además, según recordaba, a un total de 22 presos se les ha retirado el DPS o estatus de peligrosidad especial.

En el otro de lado de la balanza, por contra, están el freno a los traslados pendientes, la falta de respuesta sobre la situación de la decena de presas vascas (a las que por problemas derivados de la falta de módulos para mujeres se priva de la posibilidad de cumplir condena más cerca de Euskal Herria), y la persistente actitud de la Fiscalía contra la libertad condicional de presos que reúnen todas las condiciones legales para ello.

Faltaba conocer la posición de la parte estatal. En la entrevista mantenida, el 20 de diciembre, con un periodista de ‘‘Mediabask’’ en la sede del Ministerio de Justicia, en París (y recogida ayer por el semanario de Iparralde), Hélène Davo aportaba algunas concreciones. Pese a reconocer en la práctica el parón en algunos capítulos incluidos la agenda de diálogo, Davo negaba «una ruptura» y hasta evitaba hablar de «bloqueo», para insistir en que la puerta de su despacho «sigue abierta».

Para la segunda de a bordo del Ministerio de Justicia, en lo que respecta a los presos vascos París sigue trabajando caso a caso y en aplicación estricta de la ley.

Acercamientos frenados

No es menos cierto, sin embargo, que buena parte de las peticiones individuales de acercamiento de los presos vascos derivadas de la apuesta por la vía legal de EPPK (esbozada en 2013 y confirmada en 2016) siguen sobre la mesa del Ministerio. Más de dos años después de formularse, trece presos siguen en cárceles situadas a centenares de kilómetros de casa. Preguntada sobre si acaso a dichos prisioneros no les amparan las mismas leyes que han permitido acercar a otros compañeros a Mont-de-Marsan y Lannemezan, la representante gubernamental gala se escuda en que «las demandas se analizan una a una, en base a las circunstancias propias de cada caso, en relación a la condena recibida, al tiempo cumplido, a la gravedad del delito o a factores de riesgo».

A renglón seguido, Davo justifica el parón exponiendo que «era de esperar que llegáramos a tocar hueso, con casos de presos que presentan un perfil complejo, por el simbolismo o el grado de convencimiento».

Con todo, la influencia política que llega del Estado español, tanto por el cambio de Gobierno en junio como por la labor de lobby de ciertas asociaciones de víctimas, pesa desde hace meses sobre la mesa y apareció igualmente en la conversación. Al respecto, Davo reconoce abiertamente la relevancia que París concede a la opinión que llega del sur de los Pirineos y confiesa incluso que teme que en caso de acercarse a los presos restantes «las citadas asociaciones puedan haber protestas en la calle» contra los pasos dados por el Gobierno de Macron.

En su entrevista con ‘‘Mediabask’’, la representante gubernamental mencionó dos nombres: Garikoitz Aspiazu Rubina y Mikel Karrera Sarobe, recluidos en las lejanas prisiones de Arles y Réau. Según Davo, las asociaciones de víctimas con las que habla no aceptarían su acercamiento. A las puertas de las movilizaciones de este sábado en Baiona y Bilbo, la responsable gubernamental aconsejaba incluso a la delegación vasca hablar con esas asociaciones para convencerles de la conveniencia de acabar con el alejamiento de los presos. Aunque al mismo tiempo, en una contradicción evidente, la número dos de Justicia se esforzaba en dejar sentado que entidades de un país ajeno no pueden dictar cómo se aplican las leyes a presos, vascos en este caso, que cumplen pena en el Estado francés.

Mujeres, presos solos y DPS

Actualmente hay una decena de presas vascas para las que existe, si cabe, una mayor excepción de ley. Cuatro están en Réau, dos en Rennes y tres más en Roanne. Como, a consecuencia de las características organizativas del sistema penitenciario francés, no hay módulos especiales de mujeres en cárceles del sur del Hexágono con capacidad suficiente para asumir a ese número de detenidas, las vascas han quedado fuera de los planes de acercamiento «caso a caso» de los que habla Davo.

Así las cosas, una solución temporal, ante la cual Davo se muestra algo reticente, podría pasar por agrupar en Rennes a todas ellas, pero según la representante gubernamental «no hay petición oficial al respecto».

Otro problema es el de los presos vascos que se han quedado solos en sus cárceles a consecuencia del traslado de otros compañeros. Es lo que ocurre con el citado Garikoitz Aspiazu (Arles), con Jakes Esnal (St-Martin de Ré) y con Aitzol Iriondo (Moulins). Davo concede que «habría que buscar una salida al asunto», pero aportar sin más concreciones por el momento.

Sin ir tampoco más lejos, la segunda máxima responsable de Justicia augura «una evolución positiva» en los dossieres relativos a la docena de presos vascos a los que se les mantiene todavía bajo el regimen de vigilancia especial (DPS).

Condenas largas, sin cambios

En el punto de bloqueo al que ha llegado la mesa de trabajo entre Justicia y la delegación vasca, otro punto de fricción es la resistencia de la Fiscalía a favorecer el acceso a la libertad condicional de presos con condenas largas y que cumplen con creces los requisitos para ser excarcelados. Los casos más lacerantes son los de Xistor Haranburu, Jakes Esnal y Ion Kepa Parot, con 28 años de cárcel ya sobre sus espaldas. Todas las demandas de liberación cursadas en los últimos seis años se han visto rechazadas, en general tras el recurso del Ministerio Público. Davo alega a este respecto que el Ejecutivo galo no decide sobre un estamento como la Fiscalía, que sin embargo depende del Ministerio de Justicia.

La interlocutora gubernamental se muestra más cómoda en el terreno general de valorar los cambios derivados del diálogo con la delegación vasca, haciendo mención insistente a los 25 traslados consumados y al levantamiento parcial del DPS.

No hay duda de que la trayectoria y relaciones de la magistrada francesa han servido hasta ahora para facilitar ese avance hacia otra forma de aplicar la política penitenciaria. Sin embargo, «en coincidencia con la llegada del PSOE a Moncloa» según expresión de Etchegaray, las cosas parecen haber cambiado. Eso cabe deducir también de manifestaciones de la propia Davo, aparecidas a lo largo del verano en distintos medios del Estado español.

Aunque la antigua relación de colaboración total entre París y Madrid no es una novedad para la opinión pública vasca, la actitud adoptada por París genera cierto desconcierto incluso entre juristas galos de prestigio y buenos conocedores de esa interlocución, dado lo ilógico que resulta aplicar la ley de modo diferente según los presos. Estas mismas voces alertan de reticencias en la judicatura a certificar los cambios claves en el contexto de la aplicación de la ley que debían derivarse del desarme y la desaparición de ETA.

La disyuntiva de París

La presidenta de Bake Bidea, Anaiz Funosas, rechaza que «se acepte el criterio de la venganza» y recalca la idea de que víctimas y presos tienen derechos, cada uno en su ámbito, derechos que «no se pueden aplicar por oposición, uno contra otro».

El llamamiento a «volver a la calle, a recoger el aliento de la sociedad» realizado por la delegación cobra un sentido especial ante la evidencia de que hay «factores externos» que perturban el desarrollo de la agenda vasca. Desde París Davo predica su «honestidad profesional» y su «convicción de hacer avanzar un asunto con el que me siento comprometida»

Mientras Baiona se prepara para una nueva movilización popular, en París, Davo expresa su disposición a explorar fórmulas para desatar los nudos que impiden avanzar hacia la resolución de un capítulo esencial para asentar la paz y la convivencia. A la vista de la situación, París tendrá que elegir primero si escucha a la mayoría política de Iparralde, que le pide avanzar «con las víctimas y con los presos», o bien opta por plegarse a las voces que desde el Estado español le reclaman que persista en la política de castigo.

EH Bildu: «Hay que acelerar este camino»

Junto a la totalidad de los principales sindicatos, a una amplísima representación política de Ipar Euskal Herria y a fuerzas del sur como Podemos, no faltará en Bilbo EH Bildu, que ayer compareció expresamente para detallar su posición. Julen Arzuaga y Maddalen Iriarte hicieron hincapié en que «hay que acelerar» los cambios iniciados e «impulsar un nuevo escenario de resolución para la situación de los presos».

En su análisis recogieron que durante el pasado 2018 se han producido cambios significativos en el Estado francés, con «importantes movimientos a cárceles próximas a Euskal Herria», y que «tampoco negamos que hay un nuevo discurso por parte del Gobierno español y tímidos movimientos» que con el anterior Ejecutivo del PP «no podíamos ni siquiera vislumbrar».

Sin embargo, subrayaron, casi todo sigue estando por hacerse, sobre todo en la parte española. «Es necesario desandar aquel camino de la dispersión que se puso en marcha hace 30 años bajo un Gobierno del PSOE, para recorrer ahora el camino contrario», subrayó Arzuaga.

Para lograrlo, apelaron a mantener la activación ciudadana, por lo que conceden notable importancia a estas marchas de mañana en Bilbo y Baiona. Preguntados sobre la decisión del PNV de no adherirse como partido ni enviar delegación a la marcha de la capital vizcaina, Julen Arzuaga le restó importancia y prefirió recordar que la formación jeltzale sí participa «en la base de la reivindicación» que ahora se resume en el lema ‘‘Orain Presoak’’. Valoró además muy positivamente la implicación de todos los sindicatos.

De cara a la resolución final de este conflicto, EH Bildu reiteró su apuesta por la transferencia de la competencia carcelaria a las instituciones vascas.