El Gobierno de Urkullu no cree que tenga que negociar esta ley, pese a estar en minoría, porque es tan beneficiosa para funcionarios (incluidos ellos mismos), profesores de la concertada y perceptores de la RGI, que nadie puede oponerse a ella. Sabe que tiene a su favor que, aunque nunca lo admita, en la oposición hay grupos más responsables de lo que el Ejecutivo «propagandea», que evaluarán la norma en su conjunto más allá de los intereses partidistas o de las ganas que puedan tener de responder a triquiñuelas como la de forzar la votación única y sin enmiendas. La actitud del Gobierno de Urkullu evidencia una actitud autoritaria, en la que hace recaer sobre la oposición su propia responsabilidad de aprobar leyes, bajo la amenaza latente de lanzar contra ella toda su maquinaria mediática. Y el consejero de Hacienda demostró ayer que no se frena tampoco a la hora de usar medias verdades. Según él, no hay nada en esta ley que Podemos o EH Bildu no hayan apoyado en el Congreso. Se le olvidó decir que, tras la ratificación del real decreto en Madrid, lo aprobado se debatirá ahora como proyecto de ley y ambos grupos presentarán enmiendas sobre la educación concertada. Lo imposible en Gasteiz.