Los parlamentarios de PNV, PSE y PP han sumado sus votos en el Parlamento de Gasteiz para votar en contra de una ILP contra la pobreza y la exclusión social presentada por la Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria, que ha recogido las firmas de 51.000 personas que «defienden que se tome como referencia el IPC o el SMI a la hora de aumentar la cantidad de la RGI, que se reduzca a 18 años la edad necesaria para recibir la prestación, que se fije en un año el requisito de empadronamiento, y que, en el caso de que en una vivienda haya varias unidades convivenciales, todas tengan derecho a recibir la prestación».

En su intervención ante el Pleno, Janire Landaluze, integrante de la comisión promotora de la ILP, ha denunciado los recortes aplicados en la RGI desde 2008, y ha censurado la postura de los grupos que forman el Gobierno autonómico, que el pasado mes de abril presentaron una proposición de ley que «ofrece menos coberturas y avanza en la deconstrucción del sistema». Cabe señalar que Lakua ha echado mano de la tramitación de esta proposición, que no ha llegado a debatirse en el Pleno, para manifestar su criterio desfavorable a una iniciativa popular.

La parlamentaria de EH Bildu Nerea Kortajarena ha criticado los «débiles» argumentos del Ejecutivo, y Tinixara Guanche, de Elkarrekin Podemos ha tildado de «preocupante» el portazo dado por PNV y PSE, que han invitado a la oposición a presentar como enmiendas las medidas recogidas en la ILP. Desde el PP, Laura Garrido se ha limitado a indicar que «el diagnóstico está realizado y lo que falta es poner soluciones encima de la mesa».

Los integrantes de la Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria han avanzado que el próximo 13 de febrero unirán con una cadena humana las sedes de los partidos que han votado en contra la ILP. «Seguiremos movilizándonos por un sistema de protección social digno, público y gratuito", han insistido», ha indicado en una rueda de prensa Bea Martxueta.