Después del partido de este domingo entre la Real Sociedad y el Athletic femenino disputado en Anoeta, se difundió por las redes sociales que la Ertzaintza había entrado en la grada donde se situaba la afición del Athletic para retirar una bandera que reivindicaba la repatraición de los presos vascos y otra del Arrano Beltza.

Aitor, miembro de Athleticzaleak, grupo de animación del equipo femenino del Athletic, nos ha explicado lo que ocurrió. Según ha explicado a BILBOTARRA, el incidente ocurrió a mitad de la primera parte, cuando dos guardias de seguridad de Anoeta se acercaron a un grupo de aficionados preguntando por una bandera con el lema de «Euskal Presoak Etxera» y «advirtiendo que era ilegal». No la vieron, y al de poco tiempo volvieron, «está vez por una bandera del Arrano Beltza», recuerda Aitor.

«Después llamaron a la Ertzaintza, y un grupo de agentes entró en la grada con las escopetas cargadas y de muy malas maneras. Se pusieron en fila y al ver que nosotros seguíamos tranquilos y animando al equipo se retiraron poco antes del final de la primera parte sin encontrar las banderas a las que se referían», relata el miembro de Athleticzaleak.

Pero este incidente no fue el único en torno a este partido. Según el relato de Aitor, cuando  Athleticzaleak informó al club rojiblanco de que iba a acudir a Anoeta, desde el club donostiarra les pusieron «muchas pegas» para entrar al campo con el material de animación. «Primero nos dijeron que solo podíamos meter banderas; más tarde que banderas sin palos; y después, que tenían que tener una determinada medida y ser ignífugas», lamenta. Los bombos que habían utilizado en la kalejira previa al partido los tuvieron que dejar a la entrada del campo.

Ley contra la violencia en el deporte

Este tipo de casos se repiten con asiduidad en los campos de fútbol, sobre todo, desde que se aprobó en 2007 la Ley contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte. Aplicando esta ley, «está prohibida la introducción al campo de pancartas, banderas, símbolos o similares que inciten a la violencia, con cuya virtud una persona o grupo de ellas sea amenazada, insultada o vejada por razón del origen racial, étnico, geográfico o social, así como por la religión, las convicciones, la discapacidad, la edad o la orientación sexual».

Pero la interpretación de esta ley a la hora de sancionar a un aficionado, va en función del policía de turno que dirija el operativo.

Hay tres tipos de sanciones: Leves, graves o muy graves. Este tipo de casos, normalmente, suelen meterlas como graves, lo cual implica un multa de 3.000 a 60.000 euros y una prohibición de entrada a recintos deportivos desde los seis meses a los dos años.

Según nos ha explicado el abogado Ibon Altuna, este tipo de casos suelen llevar un procedimiento administrativo, por lo tanto, lo que dice la policía tiene «presunción de veracidad», y es el denunciado el que tiene que demostrar lo contrario. «En este procedimiento casi nunca se contradice lo dicho por la policía, por lo que la alternativa es recurrir y que un juzgado de lo contencioso-administrativo se haga cargo del caso».

«El problema es que mucha gente, si la multa o el castigo no son muy grandes, prefieren pagar y evitar así el juicio», explica Altuna, antes de afirmar que la mayoría de veces que este tipo de casos van a juicio, el juez acaba dando la razón al acusado, «razonando que entra dentro de la libertad de expresión».

Por otro lado, según las normas de la propia LFP, para introducir un elemento de animación al estadio, hay que pedir un permiso que acredite que dicho material cumple las normas, en el caso de las banderas, que sean ignífugas y no midan más de 3x3 metros entre otras cosas.

Con esta norma, los guardias de seguridad pueden retirar cualquier bandera o pancarta que no esté autorizada. Según añade el abogado, para la sanción la bandera o pancarta debería tener algún simbolo o frase «intolerante» según la ley.

Multas y sanciones

Desde que en 2007 se aprobó esa ley, no han sido pocos los casos en los que se ha aplicado, en especial con las aficiones vascas. El propio Altuna ha llevado como abogado varios casos y tiene constancia de unos cuantos más.

Uno de los primeros casos, lo vivió en 2008, cuando un aficionado del Athletic fue multado por exhibir una pancarta a favor de los presos vascos en el campo del Mallorca. Tras recurrir, un juez anuló la pena tres años después. Casos con banderas de presos por medio, han venido repitiéndose todos estos años, y tras recurrir las sanciones han sido anuladas.

En el año 2011 la Policía española impidió la entrada a un aficionado de Osasuna, por llevar atada a su cintura una sudadera con el Arrano Beltza y un puño rojo en alto. Además, fue denunciado por ello. La delegación del Gobierno español le impuso una multa de 3.001 euros y le prohibió acceder a un recinto deportivo durante un periodo de seis meses. Tras cuatro largos años de recursos, el hincha rojillo consiguió que anulasen la sanción.

En 2011 a un aficionado del Athletic le multaron por llevar una bandera de Abertzale Sur, antigua peña del Athletic. Según el informe policial, la bandera enaltecía a ETA, dado que tenía una serpiente negra rodeando una estrella roja. Más tarde un juzgado anuló la sentencia dándole la razón al aficionado.

Hace menos de un mes, otro joven aficionado del Athletic vivió un episodio similar al de este fin de semana cuando dos guardias de seguridad del campo del Villarreal, ordenados por la Policía española, se llevaron su bandera rojiblanca con la A y la C solapadas, alegando que se trataba de simbología «casi anarquista». Tras pedirles explicaciones por ello, fue «amenazado» con una multa de 3.001 euros.

Además de con aficionados del Athletic y Osasuna, se han repetido situaciones similares con seguidores de la Real, que denuncian que también sucede lo mismo en los partidos del equipo masculino en Anoeta, el grupo Iraultza del Alavés y en baloncesto con Indar Baskonia.

Estos, son solo algunos de los casos que el abogado Altuna trata como «absurdos» y «totalmente desproporcionados», de hecho, en la mayoría de los casos que van a juicio se acaba anulando la sentencia.