La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Gasteiz ha aprobado este martes una iniciativa presentada conjuntamente por PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos, a la que el PSE y el PP se han opuesto.

La Audiencia Nacional está estudiando los recursos a la sentencia de la Sección Primera de lo Penal que los condenó a penas de entre 2 y 13 años de cárcel por los delitos de «atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas», pero, en contra del criterio de la Fiscalía, descartó que fueran de carácter terrorista.

El Parlamento ha recalcado su «respeto a las decisiones judiciales», pero ha expresado su «desacuerdo» con que el caso se haya juzgado en la Audiencia Nacional y su «preocupación por que la instrucción, la vista oral y la propia sentencia emitida podrían haber lesionado el legítimo derecho a la defensa, tal y como han denunciado organismos como Amnistía Internacional».

Los grupos destacan asimismo la importancia de principios como la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y la proporcionalidad de la pena, al tiempo que rechazan la «aplicación exacerbada de la agravante de discriminación».

Por todo ello piden la puesta en libertad provisional de los ocho jóvenes (siete de ellos en prisión) condenados «hasta agotar las vías judiciales» en atención a la «desproporción de las penas» y el hecho de que llevan dos años y medio en la cárcel.

Durante el debate, Ana Arregi (PNV), ha recordado que la prisión provisional se aplica en otros casos, como en el de La Manada. Desde EH Bildu, Julen Arzuaga ha criticado además el «tratamiento político, jurídico, policial y mediático» que recibió una pelea de bar e Iñigo Martínez (Elkarrekin Podemos) ha denunciado que la Justicia actúa a veces «en base al código postal», según dónde se reside.

Rafaela Romero, del PSE, ha expresado su solidaridad «con las personas agredidas aquella noche», aunque ha considerado que el proceso judicial «se vició desde el principio» cuando los hechos fueron calificados como «terrorismo», a pesar de que «no eran susceptibles» de ello.

El parlamentario del PP Carmelo Barrio también se ha solidarizado con los guardias civiles y sus parejas, y ha defendido «la independencia de la Justicia».

Una delegación de la asociación Altsasu Gurasoak ha seguido el debate y ha agradecido el apoyo mostrado por el Parlamento de Gasteiz. La madre de la condenada Ainara Urkijo, Edurne Goikoetxea, ha recordado que sus hijos llevan «un calvario» de 27 meses y que «los hechos no se corresponden con lo que se está pagando».