El independentismo catalán siempre ha argumentado que el juicio que se está celebrando en el Tribunal Supremo es una causa general en contra de su proyecto y contra la posibilidad de llevarlo a la práctica, que se trata, en definitiva, de un proceso de marcado carácter político. Así lo expusieron también los abogados de la defensa en la sesión de ayer. Lo que probablemente no esperaban, ni ellos ni nadie, es que las acusaciones les dieran munición durante su turno de réplica. «Este es un juicio en defensa de la democracia española, del orden constitucional que consagró la Constitución española de 1978. Es un juicio en defensa de un sistema político democrático», ha expuesto esta mañana el fiscal Javier Zaragoza, muy bregado en este tipo de eventos y a quien no se le puede achacar ningún desliz ni lapsus. Y si el Ministerio Público hace ese tipo de afirmaciones, a ver quién es capaz de negarle a este juicio su carácter político.

La jornada de hoy estaba destinada a que la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación particular, representada por Vox, expusieran sus razones para desestimar las alegaciones presentadas la víspera por la defensa, y lo previsible era que sus alegatos tuvieran un componente exclusivamente técnico, pero lo cierto es que la política ha tenido tanto protagonismo, o más, que en la jornada de ayer.

Zaragoza, el primero en tomar la palabra, ha manifestado en tono de reproche que las declaraciones de los abogados defensores «parecen auténticos libelos acusatorios basados en una versión distorsionada de la realidad», dirigidos a desprestigiar a la Justicia española y a «cuestionar la calidad democrática de nuestro estado de derecho». Y les ha echado en cara que intenten «sentar al Estado en el banquillo» de los acusados. Un intento que visto lo visto ha resultado exitoso, cuando el propio fiscal ha declarado poco después que su función en este juicio es defender «la democracia española».

Manteniendo ese mismo tono, al representante del Ministerio Público ha aludido a la «mayoría silenciosa de Catalunya, un 60% del censo electoral que no participó en el referéndum ilegal del 1-O», y también ha reprochado a las defensas que fundamenten sus escritos en lo que, a su juicio, es «una falacia que debe ser proclamada a los cuatro vientos». Dicho esto, ha zanjado que «no existe el derecho a la autodeterminación, ni en España ni en el resto de países a nuestro alrededor».

Zaragoza, que ha llevado la voz cantante en el turno de la Fiscalía, no ha cargado sólo contra los letrados de la defensa. Aprovechando la carrerilla que llevaba también ha criticado al tribunal alemán de Schleswig-Holstein, que rechazó entregar a Carles Puigdemont, y le ha acusado de «intromisión en la jurisdicción española» al valorar los hechos que se imputaban al president.

Con similar ímpetu se ha desenvuelto Fidel Cadena, compañero de bancada de Zaragoza, quien ha argumentado la acusación de rebelión, que requiere que se acredite el uso de la violencia, en que la estrategia independentista respondía a un «plan concertado» en el que estaba previsto actuar violentamente a través de «murallas humanas» y poniendo a los Mossos «al lado de la rebelión». De hecho, como «cóctel explosivo» ha calificado Cadena el programa catalán, que incluía a su parecer «el poder del uso coercitivo del derecho, el poder de unos Mossos d'Escuadra que se ponen completamente al lado de la rebelión» y «murallas humanas que se lanzan contra las fuerzas de seguridad del Estado».

También la abogada del Estado ha tenido que entrar en la arena política, especialmente cuando ha excusado a la secretaria de Estado de España Global, Irene Lozano. Esta se refirió a los procesados como «condenados» en unas declaraciones realizadas a la BBC, y Rosa María Seoane ha defendido que con sus palabras la exdiputada «no pretendía trasladar ningún perjuicio» a los encausados, valorando que esas declaraciones deben «interpretarse y leerse en una clave contextual distinta», ya que «nos encontramos en una manifestación hecha en una lengua no materna».

La representante de la Abogacía del Estado, asimismo, ha rechazado que algunas defensas insistan en que el Tribunal Supremo plantee cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) relacionados con la presunción de inocencia, argumentando que la verdadera intención de acudir a Europa es «el afán de internacionalizar» este proceso por parte del independentismo.

En este contexto, paradójicamente la intervención más aséptica ha recaído en los representantes de Vox, que más allá de emplazar al tribunal a que impidiera que los encausados pudieran lucir adornos o símbolos amarillos, petición que le ha sido denegada, han mantenido un perfil menos político y más técnico, y también bastante más breve.