![Ofrenda floral ante la estela en recuerdo a Germán Rodríguez. (Iñigo URIZ/FOKU)](/media/asset_publics/resources/000/197/106/article_main_landscape/homenaje_german.jpg)
Presentada por el cuatripartito que sustenta al Gobierno, esta proposición pretende llenar el vacío legal que ha quedado en esta materia después de que el Tribunal Constitucional español anulara la aprobada en 2015.
«Pretende avanzar más en el conocimiento de nuestra historia casi reciente y en la memoria democrática» a través del reconocimiento de unas víctimas «olvidadas», mediante «la investigación de lo ocurrido y la reparación en lo posible, aunque los hechos no son reversibles», ha dicho Marisa de Simón, de I-E, al defender la proposición en nombre del cuatripartito.
Ha añadido que esta ley se ocupa de «víctimas que durante décadas no han tenido justicia, y eso es lo que hoy pretendemos y vamos a corregir en este Parlamento una vez mas», después de que el Tribunal Constitucional español anulara otra ley anterior con la misma pretensión.
Y ha precisado que la ley «no tiene finalidad punitiva y se somete a los pronunciamientos y procesos judiciales, como no puede ser de otra manera porque este Parlamento no tiene atribuciones propias del poder judicial».
Según de Simón, lo que se busca es deslegitimar la violencia por motivos políticos, una «violencia ilegítima» que ha ejemplificado con las muertes de Germán Rodríguez, Mikel Zabalza o José Luis Cano, y reconocer «sin revanchismo» y para «la no repetición» a unas víctimas con las que hay «una deuda histórica», algo a lo que, ha aseverado, «no nos resignamos».
La proposición ha contado con el apoyo del Geroa Bai, cuyo portavoz, Koldo Martínez, ha dicho que hubieran querido «una ley menos aguachinada y más integral» porque «les debemos verdad, sin verdad no hay justicia ni reparación» y eso «no ayuda a recorrer el camino de la convivencia y, por qué no, del perdón».
«Que nadie piense que con esta ley queremos confrontar a unas víctimas con otras, ni que unas víctimas justifican la existencia de otras o que queremos blanquear alguna violencia», ha concluido.
Para Barkartxo Ruiz, de EH Bildu, «es el reconocimiento y reparación de víctimas de la violencia que hasta ahora no han tenido», y se ha comprometido a seguir trabajando para «sacar a la luz» lo que se ha intentado «ocultar».
Ha denunciado así la jurisprudencia del Constitucional que «prácticamente ha negado el derecho a la verdad, hasta casi prohibirlo», lo que supone «evidentes limitaciones» y que «toda la sociedad ve cercenados sus derechos a conocer la realidad y a poder cerrar heridas de manera democrática».
En esta misma línea, Laura Pérez, de Podemos-Orain Bai, ha indicado que «no hay un debate técnico ni legal sino político», porque otras leyes reconocen las comisiones de investigación que a Nafarroa no se le ha permitido para estas otras víctimas de violencia política, «síntoma de una democracia que se sustenta sobre la impunidad y el olvido».
Inmaculada Jurío, ha justificado la abstención del PSN porque se trata de «reparar», no de «blanquear» a ETA, y de «reconocer a unas víctimas que no debieron serlo en ningún momento» pero «sin fijarnos en la justicia», porque las normas que aprueba el Parlamento deben ser legales y en este caso sus servicios jurídicos ya han advertido de riesgos de «inconstitucionalidad».
«Hacen esta ley a sabiendas de que es inconstitucional y con el objetivo de que sea recurrida por el Gobierno» español, ha subrayado Carlos García Adanero, UPN, y ha agregado que con esta proposición se pretende también decir que la fuerzas de seguridad del Estado «se merecían sufrir el terrorismo».
Se persigue «ganar la batalla del relato» y por eso ha criticado que I-E dé su apoyo a un texto que es un «insulto a las víctimas de ETA», al tiempo que ha recordado que el Gobierno de Nafarroa lo es porque «le apoya un partido que aun no ha condenado a ETA».
Por el PP, Ana Beltrán, ha calificado la iniciativa de «vergonzosa» y de «sectaria» para con las Fuerzas de Seguridad, y denunciado que busca «interferir» con «una justicia paralela y un interés de revancha», con «un tribunal político que condene desde el sectarismo y no desde el código penal», e «indemnizar ya veremos a quien», por lo que ha pedido a la presidenta Uxue Barkos que pensara su voto.
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