Casi cuatro horas ha durado el interrogatorio de Jospe Rull, que se enfrenta a 16 años de cárcel por «rebelión», en el juicio contra el procés, en el que ha vuelto a poner sobre la mesa que el Govern de Carles Puigdemont se dedicó a «cumplir con un mandato» democrático.

La intención, ha dicho, «siempre fue evitar que la independencia de Catalunya se desplazara del terreno de juego» de lo estrictamente «político y democrático», que en su opinión era «permanentemente ignorado» por el Tribunal Constitucional.

Tuvieron que apostar por ello por un «equilibrio» entre el imperio de la ley y el principio democrático, ante «el déficit importante de autoridad moral» del TC, «sistemáticamente instrumentalizado» por el Gobierno de Madrid, «con el fin de laminar la autonomía de Catalunya».

Aun así, ha defendido que el Govern siempre se movió «desde la convicción de que convocar un referéndum no es delito» y ha recordado que justo ayer el Congreso rechazó castigar con cárcel la organización de «referendos ilegales».

Y en la línea de lo que han declarado otros acusados, aunque de forma más explícita, ha ceñido la declaración unilateral de independencia (DUI) al terreno estrictamente «político», pese a insistir en que su aprobación fue un acto "«ormal, solemne y con mucho contenido».

Rull, que lleva un año en prisión preventiva, ha hecho referencia a «un problema de percepciones» con la Fiscalía sobre lo que ocurrió el 20-S frente a la Conselleria de Economía. Asimismo, ha negado la malversación al insistir que «no se gastó un euro público» en el referéndum y ha que las cuentas de la Generalitat «estaban totalmente controladas» por el Gobierno de Madrid.

Y como viene siendo costumbre hasta ahora en el juicio, Rull también ha negado conocer el documento Enfocats o la agenda Moleskine, que supuestamente trazan la hoja de ruta unilateral de la independencia.

Rull ha enfatizado en el contexto de los hechos y ha reconocido que firmó ya en 2015 junto con otros representantes públicos y sociales la hoja de ruta independentista, «una declaración de intenciones» que nunca contempló la movilización ciudadana como instrumento de presión.

Por su parte, la exconsellera Dolors Bassa ha marcado este miércoles perfil propio en su estrategia de defensa, ya que se ha desmarcado de la vía unilateral, ha afirmado que el referéndum del 1-O «no era un acto concluyente» para la independencia y ha alegado que el Govern acató las resoluciones del Constitucional. «Nunca la independencia se pretendía lograr después de una insurrección o después de un referéndum. Siempre se planteó la independencia como algo pactado, con acuerdo, durante el tiempo que fuera necesario. Y la prueba es que estamos aquí y que no hay independencia».

En ese sentido, ha señalado que la DUI «fue un acto político, pacífico, no hubo nada más». Asimismo, ha remarcado que «desde que se suspendió la ley del referéndum no se materializó ningún acto».