Ni rastro queda en el Supremo de las hordas de periodistas y curiosos que la semana pasada se agolparon ante el antiguo convento de las Salesas para el inicio del juicio contra el independentismo catalán. Una cincuentena de periodistas siguen el día a día del proceso en las salas habilitadas para ello, pero apenas unos pocos plumillas analógicos entran en el salón de plenos del TS, donde se celebra el juicio y adonde no se pueden llevar, en teoría, teléfonos móviles. En teoría.

Eso abre la puerta a que periodistas a priori sin pase para la sala podamos entrar a la añeja estancia en la que doce dirigentes políticos catalanes están siendo juzgados por organizar un referéndum. Se trata de una recargada sala donde todavía se observa la huella dejada en la pared por un tremendo crucifijo –tallado por un preso republicano en los años 50– oportunamente llevado a restaurar. Destaca esa ausencia, el escudo XXL del Estado español que cuelga encima de Marchena, y el eterno terciopelo, que lo mismo te sirve para cubrir los asientos del TS que para forrar las paredes de un local de alterne.

La escenografía impresiona, pero conviene no dejarse llevar por un ambiente que huele a siglo XIX. Ayer Manuel Marchena pisó el acelerador e hizo declarar a cuatro de los dirigentes políticos acusados, alargando la sesión hasta las 21.30. Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borràs y Carles Mundó contestaron a las preguntas de la Fiscalía, de la Abogacía del Estado y de las defensas, pero las estrategias no pudieron ser más diferentes.

Un solo interrogatorio

Antes conviene reparar en los interrogatorios de la Fiscalía, ya que ayer se pudieron escuchar, por primera vez, cuatro seguidos. Son cuestionarios genéricos marcados por un mismo patrón y que apenas distinguen al conseller que tienen delante, lo que llevó ayer a la fiscal Consuelo Madrigal, por ejemplo, a preguntar constantemente a Rull –exconseller de territorio– acerca de las actividades del departamento de Exteriores.

Son interrogatorios realizados con brocha gorda y preguntas tan sugestivas que tienen la virtud de poner negro sobre blanco el relato que busca construir la Fiscalía. Sin entrar en matices, los cuestionarios tienen tres actos principales. El primero es repasar la larga lista de decisiones del Tribunal Constitucional entorno al proceso soberanista catalán, empezando en algunos casos por la suspensión de la Declaración de Soberanía aprobada por el Parlament en 2013.

El segundo acto intenta apuntalar el delito de malversación, y tiene dos escenas: el anuncio que Junqueras realizó el 14 de setiembre de que dejaría de informar al Gobierno español de los gastos de la Generalitat –todos los acusados han recordado que los controles ministeriales se mantuvieron–, y las supuestas facturas que Unipost tenía preparadas para cobrar a la Generalitat por el reparto de las tarjetas censales. Unas facturas que ningún acusado reconoció como tales y que Mundó consideró un mero presupuesto que nunca se ejecutó.

El tercer acto viene a tratar de justificar la acusación de rebelión, palabra que, sin embargo, ayer no salió de la boca de ninguno de los cuatro fiscales que intervinieron. Ninguno sugirió tampoco que la parte catalana actuara de forma violenta, pero sí que buscaron culpar a los dirigentes catalanes de la violencia ejercida por el Estado el 1-O. No es ninguna broma, es algo que ya se recoge en el escrito de acusación. La más explícita fue Madrigal, que preguntó a Rull si no le daba «miedo» que la gente acudiese a defender los colegios electorales sabiendo que había miles de policías armados con la orden de requisar urnas e impedir la votación. Junto a ello, son constantes las preguntas sobre la hoja de ruta y la existencia de un supuesto comité secreto que todos los acusados han negado hasta ahora –es lo que buscan con el documento Enfocats–.

Cuatro defensas

El de la Fiscalía es un relato que busca sostener los delitos de malversación y rebelión en base a repetir un interrogatorio poco fino, pero en él se intuye una estrategia clara y definida. Las defensas también tienen estrategia, pero por lo que se volvió a ver ayer, cada uno responde a la suya. La jornada la inauguró el exconseller de Territorio, Josep Rull, que se defendió de las acusaciones más gruesas de la Fiscalía pero reconoció que se siguió adelante con el referéndum del 1-O pese a la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional. Lo defendió explicando la necesaria ponderación entre el mandato popular y parlamentario que tenía el Govern para organizar el referéndum y las advertencias de un TC al que consideró falto de cualquier «autoridad moral». Para ello se apoyo hasta en cuatro ocasiones en la decisión de la Corte Suprema del Canadá sobre Quebec: «El sistema tiene que ser capaz de recoger los deseos del pueblo».

Bassa y Borràs, sin embargo, optaron por negar cualquier desobediencia y optaron por diluir y restar valor tanto al 1-O como al 27S, en las dos declaraciones que hasta ahora más han servido a la Fiscalía para buscar contradicciones entre las defensas. La primera, por ejemplo, aseguró que como el referéndum no es delito, no esperaba que lo suspendieran, mientras que Borràs señaló que era previsible que lo hicieran. Es solo un ejemplo. Mundó, por su parte, optó también por una defensa técnica, pero erigió un sólido frontón en el que rebotaron todos los dardos del fiscal Javier Zaragoza.