El presidente del tribunal, Manuel Marchena, no quería y, de hecho, se resistió, pero acabó cediendo a la insistencia de la abogada de Jordi Cuixart, Marina Roig, que se lo peleó a fondo. Apenas fueron dos minutos de vídeo, pero sirvieron para que el espíritu de aquel otoño catalán de 2017 se colase en el salón de plenos del Supremo. La Fiscalía y la Abogacía del Estado acababan de terminar su interrogatorio al expresidente de la ANC Jordi Sànchez, intentando apuntalar el relato sobre la violencia independentista, cuando en la sala se visionó un vídeo de TV3 del 20 de setiembre. Fue un bálsamo para los acusados, sus familiares y para los cargos públicos que ayer se dieron cita en el TS; todos observaron emocionados las imágenes de miles y miles de personas cantando ante el Departamento de Economía.

Ayer en el Supremo pasaron muchas más cosas y, desde luego, el vídeo no será la clave para decantar balanza alguna, pero fue un recordatorio de la razón por la que estamos en un juicio sin precedentes: no por ningún alzamiento violento –tesis que ayer quedó considerablemente dañada–, sino porque entre el 20 de setiembre y el 3 de octubre de 2017 Catalunya escapó al control del Estado.

Pero además del embrujo que generó en buena parte de la sala, el vídeo también cuestionó uno de los grandes pilares de la acusación de la Fiscalía contra los líderes de la ANC y Òmnium: el «secuestro» de la comitiva judicial que tuteló el registro de aquel día en el departamento de economía. Lejos de observarse violencia alguna, en el vídeo se vio el impoluto cordón de seguridad con el que voluntarios de la ANC habilitaron un pasillo por el que la comitiva podía haber salido si la secretaria judicial –vinculada a Ciudadanos– no se hubiese negado a ello.

Pero empecemos por el principio. A primera hora de la mañana, el exconseller de Empresa Santi Vila fue el último miembro del Govern en declarar, dejando paso a Jordi Sànchez. Se esperaba que también declarase ayer el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, pero finalmente lo hará el próximo martes, junto a Carme Forcadell, que cerrará las declaraciones de los doce acusados.

La declaración de Vila no comportó sorpresas, fue coherente con su propia trayectoria y no tuvo demasiados problemas en cargar contra la acción del Govern del que formaba parte. Pero el plato fuerte de la jornada venía con Sànchez, que acumula ya casi 500 días en prisión. Se mantuvo sereno, no fue demasiado contundente en la forma, pero refutó las tesis de una Fiscalía que no tuvo reparos en evidenciar su incomodidad con el derecho a la protesta. «¿La ANC contemplaba el papel de la ciudadanía como factor de presión?», preguntó el fiscal Javier Zaragoza en un momento.

Interrogatorio de daños

Sànchez se declaró preso político, rememoró que la movilización del 20 de setiembre fue secundada también por sindicatos como CCOO y UGT, así como por los ocho rectores de las universidades públicas de Catalunya, recordó que «una decisión judicial tiene que ser respetada, pero puede ser protestada» y tuvo que explicar que el servicio de orden en manifestaciones de gran magnitud es algo que está previsto por la ley.

«Efectivamente, llamamos en defensa de las instituciones de Catalunya», contestó a un fiscal que sustentó sus argumentaciones con tweets, que quiso culpar al expresidente de la ANC de que la Guardia Civil se dejase armas en los Patrols –se enteró a media tarde y nadie las había tocado– y que ayer gastó cerca de la mitad de su extenso interrogatorio en insistir sobre los daños causados a los vehículos de la Guardia Civil, algo que Sànchez ya criticó en su día y que ayer complementó señalando que, cuando él y Cuixart se subieron al Patrol para desconvocar la concentración, el teniente de la Guardia Civil estuvo de acuerdo en que era la mejor opción. «No por decirlo cuatro veces va a ser más grave que la primera. Son unos daños a unos coches», sentenció Sànchez en la enésima ocasión en que la Fiscalía habló de los Patrol.

«Esto ha sido, básicamente, un interrogatorio sobre un delito de daños», resumió el jurista Joaquín Urias, que ejerce de observador, al acabar un interrogatorio en el que vio tocada la acusación de rebelión contra Sànchez y Cuixart, y en el que apenas se mencionó el referéndum del 1-O. Cuando apareció fue, de nuevo, para responsabilizar al independentismo de las cargas policiales: «Sabiendo lo que podía ocurrir, ¿por qué llamó usted a movilizarse?», insistió, una vez más, el fiscal.