Toda la atención recayó ayer sobre el expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy, uno de los principales responsables de que estemos hoy aquí, al decidir llevar a los tribunales la solución a un conflicto político. El resultado de judicializar la política, ya lo escribió Xavier Antich hace poco, es politizar los juicios, de lo que resulta un pobre negocio para todos: jueces y políticos. Que se lo digan a Llarena con las euroórdenes o que se lo digan al propio Rajoy, al que todavía quedaría año y medio de legislatura como presidente. Y que se lo digan, evidentemente, a los presos.

Pero procesalmente, con todos los respetos, tenía más interés la declaración del exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, responsable de las finanzas estatales… y también de las catalanas. El exministro fue muy explícito al asegurar que el control gradual de las finanzas catalanas fue el más exhaustivo aplicado nunca «en la historia de España». «Hasta el punto de que sustituimos a la propia administración pública (catalana). Los proveedores eran pagados por la Administración general del Estado», añadió sobre los controles establecidos a partir del 14 de setiembre, cuando Junqueras anunció que dejaría de informar a Hacienda sobre los gastos de la Generalitat. No hacía falta, porque estaban igualmente controlados. Palabra de Montoro, que ayer vino a ratificar las declaraciones que hizo en abril de 2018 en “El Mundo”: las urnas no pudieron pagarse con dinero público.

El malabarismo de Montoro consistió en asegurar eso, por un lado, y en mantener viva la acusación de malversación, por otro. Equilibrios imposibles que trató de realizar recordando que enviaron siete informes a la Fiscalía sobre gastos sospechosos y asegurando, de repente, que siempre hay margen para el engaño, algo que al mismo tiempo negó.

Pero sea como sea, de momento, y para pesar del propio Montoro, el exministro de Hacienda sigue teniendo razón. Lo más cercano a una prueba de malversación que la Fiscalía ha presentado es una factura proforma de Unipost que ni siquiera fue cobrada. Ayer salió a la luz también, de la mano de Vox, un informe de la Guardia Civil en el que cifra en 3,2 millones el gasto del 1-O; las defensas, sin embargo, no tardaron en presentar documentos que desmienten el informe. La ecuación es muy fácil de entender: si no hay rastro de dinero público en la organización del 1-O –y de momento no lo hay–, la acusación de malversación de caudales públicos cae por su propio peso.