Con permiso de Antonio Baños y Eulàlia Reguant, testigos que ayer se negaron a responder a Vox –algo que traerá cola, véase el despiece–, la fase de pruebas testificales empezó ayer en el juicio contra el independentismo catalán con protagonismo para el anterior Gobierno español, con su presidente, Mariano Rajoy, su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, declarando como testigos. El morbo político estaba servido, si bien cabe dudar del valor jurídico de las declaraciones, a excepción quizá de Sáenz de Santamaría, que se vio en serios apuros. Pero no adelantemos acontecimientos.

Rajoy hizo de Rajoy. Uno de los focos de interés radicaba en ver el cara a cara con la acusación popular ejercida por el partido de extrema derecha Vox. Concretamente por su secretario general, Javier Ortega-Smith. Rajoy no sufrió. Al ser preguntado sobre la razón para no aplicar el estado de sitio o de excepción –pregunta por otra parte pertinente si hablamos de un delito de rebelión– consideró que «el 155 era mucho más operativo», además de «más justo, porque los estados de sitio o de excepción afectan a los derechos individuales».

Aprovechó el masaje del fiscal Fidel Cadena para reiterar que él no podía «liquidar la soberanía nacional» y trató de apuntalar el relato de la violencia. Una narración que luego, sin embargo, no consiguió afianzar en el turno de las defensas. Preguntado sobre la violencia concreta de los independentistas, aseguró tener solo «una idea general», y sobre las cargas policiales, afirmó lamentarlas, si bien no dudó en seguir el relato fiscal y culpar de ellas a la parte catalana. «Si no se hubiera violentado la ley, no hubiésemos visto imágenes como estas. Yo lamento muchísimo estas imágenes, estas y otras, no me gustan nada», aseguró tras ver un vídeo con cargas del 1-O.

Rajoy, que lanzó un inesperado cable al exconseller Forn al asegurar que un ministro de Interior no diseña ni conoce los operativos policiales, no acabó de aclarar si habló directamente con el lehendakari Iñigo Urkullu en los días previos a la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017 –eso de tener que decir la verdad es bastante relativo–, pero sí confirmó haberlo hecho con el presidente del EBB, Andoni Ortuzar.

Otro momento destacable llegó cuando hizo referencia a la declaración matinal de Sáenz de Santamaría; una mención grave, dado que la Ley de enjuiciamiento Criminal establece que no puede haber contacto entre testigos ni conocimiento del testimonio, algo que, desde luego no parece muy acorde al siglo XXI, ni a un juicio que se emite en streamming. «Lo he leído en diarios digitales», explicó Rajoy a un tribunal que aseguró tomar nota ante las protestas de las defensas.

En resumen, las defensas pusieron en tela de juicio la actuación del Gobierno español, pero apenas consiguieron poner nervioso a Rajoy, cuyo testimonio difícilmente sirvió de algo en términos jurídicos.

Sáenz de Santamaría en apuros

Ocurrió algo bastante más diferente con Sáenz de Santamaría, de cuyo rostro se fue borrando la sonrisa burlona que lució de inicio. Una tras otra, las defensas fueron tensando la cuerda a cuenta del operativo policial de octubre de 2017, haciéndola caer en algunas contradicciones y en varias falsedades. Por ejemplo, dijo que el contingente especial de cerca de 6.000 guardias civiles fue enviado tras los sucesos del 20 de setiembre. Es sencillamente mentira, porque el célebre barco de Piolín atracó en Barcelona justo esa mañana.

Ocurrió algo parecido cuando habló de unos 93 policías heridos el 1-O, obviando que en los días posteriores al referéndum mencionó 431 agentes lesionados. Aseguró no recordar las instrucciones de la secretaría de Estado de Seguridad y del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya para el 1-O, y también puso seria y públicamente en duda la veracidad de su testimonio al asegurar que no supo que las cargas policiales cesaron durante la tarde del referéndum.

Uno de los momentos culminantes del interrogatorio llegó con el abogado del conseller de Interior, Joaquim Forn. Xavier Melero le recordo la figura del testigo renuente a contestar y remató a una Sáenz de Santamaría visiblemente en apuros recordándole que era responsable del CNI y preguntándole si también les tachó de desleales, como a los Mossos, por no encontrar ni una sola urna del 1-O.

La propia exvicepresidenta se pilló las manos ella sola a cuenta de la DUI. Ocurrió en tres actos. En el primero, y a preguntas de la Fiscalía, aseguró que la declaración del 27 de octubre no fue simbólica. En el segundo, a preguntas de Melero sobre otra cuestión, consideró que cuando un papel no es publicado oficialmente, no es efectivo. En el tercero, la abogada de Forcadell, Olga Arderiu, le tomó la matrícula: «¿Se acabó publicando (la DUI?». La respuesta es que no.

Baños y Reguant, a un paso de la desobediencia por plantar a Vox

La sorpresa de la tarde llegó pasadas las 19.00, cuando el exdiputado de la CUP Antonio Baños entró a declarar como testigo y anunció que no iba a responder a las preguntas de Vox «por dignidad democrática y antifascista». Marchena le avisó de las consecuencias y le dio la oportunidad de que Vox hiciese las preguntas al tribunal y el tribunal las trasladase al testigo. Aceptó en un primer momento pero, a la segunda pregunta, al cuestionar Baños el método, lo expulsó de la sala. Lo mismo ocurrió, sin tantos prolegómenos, con la también exdiputada de la CUP Eulàlia Reguant.

Varios medios publicaron a última hora que el tribunal decidió multar con 2.500 euros a los dos, dándoles cinco días para rectificar y declarar como testigos. Si no lo hacen, el TS trasladará su caso al juzgado de guardia por un delito de desobediencia grave.B.Z.