Se trata de una unidad integrada por un equipo multidisciplinar cuyo cometido se circunscribe a la valoración, a demanda del órgano judicial, de las situaciones de violencia sobre la mujer.

Así, según precisa el Ejecutivo en un comunicado, intervendrá a solicitud de los órganos judiciales y fiscales o de las partes por un procedimiento judicial y sumará los criterios médicos, psicológicos y sociales en la valoración de los casos.

Su finalidad es dar una respuesta «rápida, eficaz y especializada» de aquellos asuntos que sean derivados al Instituto Navarro de Medicina Legal y Ciencias Forenses, tanto desde los Juzgados de Violencia sobre la mujer o por los Juzgados de Guardia, según señala la consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, Mari Jose Beaumont.

Estos asuntos se repartirán, con carácter preferente, a las funcionarias integrantes de esta unidad: una médica forense, una psicóloga y una trabajadora social.

Según precisan, su actuación no debe circunscribirse únicamente a la valoración de la mujer entendida como víctima de una situación de violencia, sino a las situaciones de violencia contra la mujer entendidas en sentido amplio, es decir, valoración de la víctima en primer lugar, pero también del agresor, al constituir el origen mismo de la violencia y otras víctimas directas o indirectas como los hijos e hijas de la víctima, padres o hermanos.

Al tratarse de una actuación integral, se deberán incluir medidas civiles cuando se trate de situaciones de violencia en el ámbito familiar o de pareja tales como la propuesta de medidas de guarda y custodia o régimen de visitas, entre otras.

La creación formal de esta unidad se ha podido llevar a cabo debido a que en esta legislatura se ha dotado al Servicio Social de Justicia con nuevas plazas de Psicología y Trabajo Social.

La resolución además actualiza la denominación del Instituto Navarro de Medicina Legal, que pasa a llamarse Instituto Navarro de Medicina Legal y Ciencias Forenses, denominación que se considera «más acorde con su nueva configuración al incluir a profesionales de otros ámbitos como la psicología o el trabajo social, entre otros».

Cuenta con una plantilla de 11 puestos de trabajo de forense –dependientes del Ministerio español de Justicia, al que se ha solicitado su ampliación- cinco de psicólogo, tres de trabajador social, cuatro de auxiliar de autopsia y cuatro de personal de los cuerpos generales de la Administración de Justicia (tres de tramitador y uno de auxilio judicial)