El proyecto de ley pretende impulsar y fortalecer los mecanismos participativos de la sociedad navarra para ampliar las posibilidades de intervención en los asuntos públicos más allá del voto.

Así, se introducen tres nuevos cauces participativos (procesos deliberativos, presupuestos participativos y consultas ciudadanas), sumados al impulso de otros ya existentes (foros de consulta, paneles ciudadanos y jurados ciudadanos).

Los procesos participativos podrán iniciarse de oficio o a instancia de personas físicas o entidades de participación ciudadana. Entre estas últimas se incluye a los órganos colegiados de las administraciones públicas con funciones específicas en la materia, además de organizaciones sindicales, empresariales, colegios profesionales y otros organismos representativos.

Las consultas, no vinculantes, podrán versar sobre políticas públicas de especial relevancia, seguimiento y evaluación de servicios públicos, prioridades y otros aspectos puntuales de la planificación y gestión presupuestaria, y elaboración de leyes y reglamentos.

Los presupuestos participativos, por su parte, son procesos tendentes a precisar aspectos relacionados con los ingresos, las prioridades presupuestarias y el destino de ciertas partidas de gasto asignadas específicamente para este fin.

Las consultas ciudadanas, ya sean de ámbito del herrialde o local, incluyen un sistema de votación no vinculante sobre asuntos de interés público. Los sufragios se recabarán de forma presencial o telemática, según se disponga en la convocatoria, y estarán abiertas a mayores de 16 años con más de un año de empadronamiento en Nafarroa o en el municipio que organice la consulta.

El proyecto también contempla la elaboración de una versión adaptada a la infancia para posibilitar, en el plazo de seis meses desde la aprobación de la ley, el pleno ejercicio del derecho a la participación de niñas, niños y adolescentes.

Por otra parte, y en lo tocante a la pretensión de abrir a la ciudadanía la posibilidad de promover en el Parlamento mociones, declaraciones institucionales, comisiones de investigación, preguntas por escrito, interpelaciones y peticiones de información, se ha aprobado una enmienda que establece un plazo de seis meses para garantizar, mediante la adecuación del Reglamento de la Cámara, el ejercicio de estas iniciativas.

A instancias de los servicios jurídicos, que entienden que la regulación de esta materia es objeto de «reserva reglamentaria», se desglosaron de este proyecto de ley todos los artículos que recogían esta cuestión. Sin embargo, su toma en consideración como proposición de ley de reforma del Reglamento del Parlamento de Nafarroa no consiguió el respaldo suficiente para ser aprobada en el pleno del pasado 14 de febrero.

Ahora, aun dejando patente que no se comparten las consideraciones de los servicios jurídicos, pues «el Reglamento solo debe establecer el modo de llevar a la práctica lo regulado en la ley», se fía la implementación de estos mecanismos de participación ciudadana a la modificación del Reglamento.

Para ello, se ha vuelto a registrar una nueva proposición de ley que previsiblemente será debatida antes de la próxima disolución del Parlamento de Nafarroa, prevista para el 2 de abril.

En el debate efectuado en comisión se han discutido 63 enmiendas (cuatro in voce): 18 suscritas por el cuatripartito, 27 por el PSN, ocho por Geroa Bai, Podemos-Orain Bai e I-E, tres por Geroa Bai, Bildu y Podemos-Orain Bai, una por Geroa Bai y Podemos-Orain Bai, tres por Geroa Bai y tres por UPN.

De todas ellas han resultado aprobadas 45, de las que 22 han sido defendidas por el cuatripartito, 19 por el PSN, tres por Geroa Bai y una por Bildu, Podemos-Orain Bai e I-E.

Tras la aprobación del dictamen, el proyecto será elevado al pleno del 14 de marzo para su definitivo debate y votación.