Durante la sesión abierta a los medios, el presidente de la comisión, Jokin Castiella, ha leído un comunicado remitido al Parlamento de Nafarroa por el director de los servicios jurídicos de Iberdrola que justificaba la ausencia del presidente de la compañía afirmando que se encontraba asistiendo a una reunión en Bruselas «agendada desde hace semanas».

«El señor Galán se encuentra en una situación de imposibilidad material para acudir al Parlamento de Navarra en el día de hoy por tener que atender una reunión en Bruselas», reza el texto, en el que se añade que «debido a la premura temporal con la que se solicita esta comparecencia, no es posible ofrecer una fecha alternativa antes del 15 marzo ya que es un mes especialmente complicado».

En el escrito, además, se pone de manifiesto que «el señor Galán no tiene conocimiento sobre los hechos objeto de la investigación» y se muestra la «total disponibilidad» de la compañía para «cooperar con el Parlamento y suministrarle cuanta información precise, ofreciendo la comparecencia en el perentorio plazo solicitado de la persona idónea para poder facilitar la información que la comisión pudiera precisar».

Informe jurídico

Ante la ausencia, la comisión ha acordado pedir a los letrados de la Cámara un informe jurídico sobre si el director de Iberdrola ha incumplido el artículo del Código Penal referente a la obligatoriedad de asistir a la comisión de investigación y ha rechazado remitir «directamente» el caso a la Fiscalía.

Así lo ha declarado a Efe el presidente de la comisión, Jokin Castiella.
Ante la negativa del presidente y consejero delegado de Iberdrola a comparecer ante la comisión de investigación, esta ha acordado pedir a los letrados de la Cámara que elaboren un informe jurídico sobre si ha habido un incumplimiento del artículo 502 del código penal que recoge la «obligatoriedad de asistir a la comisión de investigación».

En el informe solicitado deberá constar, además, «cuáles serían los extremos de las consecuencias penales, o las que fueran, en caso de que se demuestre que ha habido tal incumplimiento».

Por otro lado, la comisión ha rechazado remitir «directamente» el caso a Fiscalía, sin menoscabo de que, una vez recibido dicho informe, pueda «reconsiderarse» esta opción.

Por su parte, Castiella ha solicitado «que se recabe todo el registro documental que haya de las comunicaciones entre Sánchez Galán o sus representantes y el Parlamento, para ver si efectivamente ha habido un incumplimiento voluntario o de mala fe» o únicamente «un malentendido».

Cuestionado sobre los plazos del informe, ha respondido que «no se ha dado ningún plazo» aunque «los letrados suelen ser bastante ágiles», de forma que espera que este procedimiento tarde «poco».

Además, ha recordado que los trabajos de la comisión «tienen que terminar este viernes», ya que el próximo miércoles se debaten las conclusiones en comisión y el jueves 22 serán elevadas al pleno.