Una pareja fue expulsada el martes de su vivienda en el barrio iruindarra de Donibane, un hecho sin duda lamentable. Se trata de un conflicto entre particulares en el que existe un impago de alquiler. Los protagonistas de esta historia acudieron únicamente a una reunión de la PAH de Iruñerria. Posteriormente dejaron de mantener contacto con este colectivo, por lo que su caso no se incluye dentro de los que atiende la PAH. Para ello tienen establecido un protocolo que exige seguimiento, comprobaciones y coordinación. Un ejemplo es el que se registró el mismo martes en Zaragoza, donde 200 personas convocadas por la PAH paralizaron un desahucio a instancias de Kutxabank.
La denuncia de que el desalojo se iba a producir se anunció a través de un tweet de la cuenta personal de un integrante de Aranzadi (198 seguidores) a las once de la noche del día anterior. Llamaba a acudir a la plaza Obispo Irurita a las ocho y media de la mañana siguiente para parar el desalojo.
Desde la PAH han confirmado a IRUINDARRA que no tenían constancia del desalojo y de que nadie se había puesto en contacto con ellos para organizar una respuesta popular para tratar de frenarlo.
Se trataba, por tanto, de una iniciativa personal de quien escribió el tweet. En el momento en el que llegaron la secretaria judicial y el cerrajero eran apenas tres personas (uno de ellas el autor del tweet) quienes se encontraban ante la vivienda. Testimonios recabados por este medio señalan que el autor del tweet y sus compañeros trataron de impedir el acceso de la secretaria judicial y el cerrajero. Este les manifestó que su empresa no actúa en desahucios a los que se opone la PAH, pero que este no era el caso. La Policía Municipal llegó a la puerta de la vivienda y expulsó del lugar al autor del tweet, que sufría previamente una fractura de tibia y peroné y utiliza muletas.
Esta actuación de la Policía Municipal ha servido de excusa para que personas vinculadas a Aranzadi hayan acusado en las redes sociales al equipo de gobierno del Ayuntamiento de incumplir un acuerdo por el que este cuerpo no participaría en operativos de desahucio.
Junto a ello, han aprovechado el caso para quemar el último cartucho que les quedaba para intentar una confluencia con otras fuerzas y tratar de poder estar en las próximas elecciones municipales. Al parecer, con poco éxito.
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