Fruto de tres años de investigación, la iniciativa, que ha contado con la ayuda del Ayuntamiento de Donostia, ha sido presentada en un acto en la sede de Aranzadi en el que han participado el director del departamento de Antropología de esta entidad, Paco Etxeberria, el alcalde de la ciudad, Eneko Goia, y familiares de algunas de las víctimas cuyas biografías están incluidas en el trabajo.
En total la página web recoge la identidad de 6.791 personas, no todas donostiarras pero que sí estaban en la capital guipuzcoana durante esos años, y que padecieron una vulneración de sus derechos fundamentales, de los cuales 742 corresponden a crímenes de lesa humanidad, ha explicado el investigador que ha dirigido el proyecto, Javier Buces.
Otras 3.578 de las personas documentadas fueron encarceladas, 1.210 padecieron persecución y 33 siguen desaparecidas, mientras el 13% de los casos son exiliados de guerra, de los cuales el 11,5% pertenece a los denominados «niños de la guerra».
Asimismo la web recoge 6.000 documentos digitalizados, parte de los cuales procede de diferentes archivos y otros han sido facilitados por las familias.
En este sentido, Buces ha destacado que se han llevado a cabo investigaciones en diferentes archivos aunque «en algunos militares todavía hay trabas para consultar».
Cada una de las personas identificadas en la nueva web cuenta con una ficha en la que se especifica la vulneración que sufrió, así como documentos de la época y los archivos en los que se ha consultado.
«La intención a partir de ahora es complementar esos datos para poder generar una pequeña biografía de cada uno», ha indicado.
Goia ha destacado el «rigor» con el que se ha llevado a cabo la investigación sobre «un pasado que algunos intentan hacer desaparecer» y ha remarcado que se trata del «mayor trabajo» en este terreno que se ha hecho hasta ahora en la CAV.
Tras esta «primera fase», la «vocación» del Consistorio es continuar el estudio hasta elaborar una base de datos sobre el seguimiento histórico de la represión porque «a partir de 1945 hay casos por descubrir», ha indicado.
Paco Etxeberria ha recordado que es la culminación de otras iniciativas que se han llevado a cabo en Donostia sobre la memoria histórica, un terreno en el que la Sociedad Aranzadi «siempre ha encontrado ayuda en el Ayuntamiento y en las instituciones guipuzcoanas», algo «que no ocurre en otro lugares».
Ha señalado que en algunos archivos militares y de la Guardia Civil «se acogen a la Ley de Protección de Datos» para no facilitar el acceso, «aunque ahora les atienden mejor», ha reconocido al tiempo que remarcado que la Ley de Memoria Histórica de 2017 contempla que no se pongan obstáculos a consultar esos archivos .
Mari Puy Intxausti, sobrina de Raimundo Prados, un maquinista de barco que tras su paso por la cárcel de Ondarreta fue fusilado en 1938, ha señalado a los medios de comunicación que «le parece muy bien que salga todo esto».