A las pocas horas del final de la reunión de la Diputación Permanente, el Gobierno español anunció la firma la próxima semana de la transferencia a la CAV de cuatro de las ocho competencias que se habían previsto cerrar durante el mes de marzo, según el cronograma elaborado en su día por el Ministerio de Política Territorial y aceptado por Lakua.

Se trata de las facultades en materia de ejecución de la legislación sobre productos farmacéuticos, actuaciones sobre jubilaciones derivadas de procedimientos de EREs y seguro escolar, así como respecto de la autopista AP-68 en los 77,5 kilómetros de recorrido por Araba y Bizkaia entre Burgos y Bilbo.

Sin concretar el día, el Gobierno de Sánchez afirmó a través de una nota que convocará la Comisión Mixta de Transferencias entre la Administración General del Estado y el País Vasco. Detalla que el paso se da «tras culminar las valoraciones de las diversas materias que han sido objeto de tratamiento en los meses transcurridos de 2019».

El pasado mes de enero, el Ejecutivo de Sánchez presentó un cronograma para implementar en el plazo de un año 33 de las transferencias pendientes a la CAV, dejando fuera las referidas a la gestión de la Seguridad Social y retrasando hasta el ultimo puesto la de prisiones; justo las dos que el pacto de gobierno PNV-PSE había fijado como prioritarias. Entonces todavía quedaba un año de legislatura.

Presión de Lakua

De esas 33 competencias, se fijó que siete tenían un «horizonte de acuerdo» de marzo. Luego se le sumó la de la AP-68. Vencido el mes, anteayer el portavoz de Lakua, Josu Erkoreka, anunció que solo tenían la valoración económica de una de las competencias y que el lehendakari, Iñigo Urkullu, había remitido días antes una carta al presidente, Pedro Sánchez.

Según Lakua, desde la tarde-noche del martes se intensificaron los contactos y hay acuerdo en la mitad de las transferencias previstas.