Los trabajadores de La Naval, despedidos por el juez que lleva el proceso de liquidación, han acusado a los gobiernos de Gasteiz y de Madrid de ser los responsables del «asesinato industrial» del astillero y de la comarca. Lo han hecho en una marcha que ha recorrido las calles del centro de Bilbo bajo el lema: ‘La Naval ez itxi. Gobierno central-vasco negociación por el empleo en Ezkerraldea’.

En declaraciones a los medios antes de comenzar la marcha, el presidente del comité de empresa, Juan Llordén, ha recordado que Europa permite a los gobiernos comprar el astillero ahora que no hay un accionista, y por lo tanto no serían ayudas de Estado; y ha afirmado que, si la Administración compara el astillero, podrían alquilar las instalaciones para acabar la draga que está a medio construir, lo que daría trabajo durante veinte meses a mil trabajadores.

«Todos los partidos se comprometieron a hacer los pobres que permita Europa y Europa ahora permite comprar el astillero. Que se pongan manos a la obra», ha remarcado tras remarcar que los gobiernos de la CAV y del Estado español son los son los «responsables de arreglar este entuerto» por llevar a cabo la privatización fallida hace catorce años. Asimismo, ha advertido a PNV y PSOE que no se merecen el voto de los trabajadores por permitir el cierre del astillero y «condenarles al exilio».

Además, ha reclamado una reunión con la consejera Arantxa Tapia y con la ministra María Jesús Montero, y ha acusado a los que fueron máximos accionistas de la La Naval, las empresas Ingeteam y Astilleros Murueta, de llevar a la compañía a la ruina por «obtener pingües beneficios a través de sus empresas vinculadas».