Así lo han indicado en una conferencia de prensa en la que, Iñaki Justes y Beatriz Villahizán, en representación de estos colectivos, han leído un comunicado en el que han aseverado que la aplicación del Real Decreto Ley 7/2018 sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, en Nafarroa, ha supuesto «un paso atrás».

Al respecto, han alertado de que han constatado varias «irregularidades», tales como la petición de empadronamiento como prueba para acreditar la residencia en Nafarroa y dificultades o negaciones de acceso al sistema sanitario para personas que no pueden acreditar tres meses de residencia.

Igualmente, han denunciado casos de facturación en todos los servicios de Urgencias sin que haya una información relativa al procedimiento de anulación de la factura correspondiente.

También, entre otras cuestiones, se ha detectado que no se produce la inclusión inmediata en Osasunbidea de menores y mujeres embarazadas (que tenían garantizado con el real decreto 16/2012).

En ese sentido, han advertido que se han emitido facturas a menores extranjeros no acompañados tutelados por el herrialde.

Según han apuntado, estos colectivos han mantenido reuniones con el consejero de Salud del Gobierno de Nafarroa, Fernando Domínguez, y con diversas direcciones del ámbito sanitario del herrialde para trasladarles estas «irregularidades».

Desde el departamento de Salud insisten en que «esos temas se están solventando», según han indicado, a lo que han añadido que los casos que han recogido, entre 20 y 30, «son la punta del iceberg, son mínimos», ya que en Nafarroa se calcula que cerca de 4.700 personas deberían tener acceso a tarjeta sanitaria y están en situación administrativa irregular.

Según han expresado, estos colectivos también se han reunido con diversos grupos parlamentarios y con el Defensor del Pueblo, una figura que avaló su demanda y remitió al departamento de Salud «tres recomendaciones, que no ha aceptado» ni tampoco «señalado medidas conformes en ese sentido».

En cualquier caso, han recordado que el acuerdo programático, firmado por los cuatro grupos que sustentan al Ejecutivo, especifica que se debía garantizar la universalidad de la atención sanitaria a todas las personas, de manera independiente a su situación administrativa, una medida que, han expresado, se ha vulnerado.

Por tanto, estas entidades han instado al Ejecutivo navarro a que garantice «de manera real y efectiva» la asistencia sanitaria universal a todas las personas que viven en Nafarroa y adopte medidas para que no se emitan facturas por la atención sanitaria recibida y se asegure la misma durante la tramitación de tarjetas sanitarias.

Finalmente, han pedido a la máxima institución navarra que no vincule el derecho a la atención sanitaria a la acreditación de residencia en Nafarroa.