![Imagen de archivo de una manifestación de madres por las calles de Iruñea reclamando la devolución del IRPF. (Idoia ZABALETA/FOKU)](/media/asset_publics/resources/000/545/389/article_main_landscape/madres_2.jpg)
Según informa el citado tribunal a través de una nota, el presidente del TSJN s«e ha visto abocado a plantear esta solución después de que los tres magistrados —dos mujeres y un hombre— destinados actualmente en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Pamplona se hubieran abstenido de conocer dichos asuntos por tener interés directo en el pleito, ya que los tres han sido beneficiados de las citadas prestaciones». En las mismas circunstancias se encuentran también todas las juezas de adscripción territorial.
Los tres juzgados de lo Contencioso han recibido demandas en las que, en resumen, se impugnan las decisiones de la Hacienda Tributaria de Nafarroa de denegar la exención, a efectos del IRPF, las prestaciones de maternidad y paternidad percibidas durante los periodos correspondientes, y ello en base a considerar que la legislación navarra en la materia no contempla el mismo supuesto que ha resuelto la Sala Tercera del Tribunal Supremo español en sentencia de 3 de octubre de 2018.
En el acuerdo dictado, el presidente del TSJN expone que «las asociaciones creadas a raíz de estas denegaciones, según los datos publicados en los medios de comunicación, estiman en más de 20.000 las personas que podrían efectuar reclamaciones, bien de forma directa o bien vía extensión de efectos». Los tres juzgados de lo Contencioso ingresaron en 2018 un total de 1.140 asuntos.
«Una situación excepcional»
Argumenta Joaquín Galve que «parece que se trata de una situación excepcional, tanto por la concurrencia de la causa de abstención de todos los jueces unipersonales de esta jurisdicción y de los JAT, así como por el volumen de procedimientos que, al menos hipotéticamente, podrían interponerse ante los tres juzgados de lo Contencioso». A esta circunstancia, agrega, puede sumarse el hecho de que «es una jurisdicción altamente especializada, y más aun en concreto lo es la materia tributaria objeto del procedimiento».
Por ello, el presidente del TSJN, en uso de la facultad recogida en el artículo 216 bis 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ha realizado esta propuesta de nombramiento al CGPJ.
Para proponer a la magistrada María Jesús Azcona, ha tenido en cuenta que es «la que mejor puesto en el escalafón ostenta de entre los magistrados que componen la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN, a excepción de su presidente», cuyo nombramiento no considera procedente por si en un futuro tuviera que resolver los hipotéticos recursos de casación.
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