La oferta se produjo, según explica Boye en esta entrevista telefónica, tras la sentencia en primera instancia en la Audiencia Nacional, lo que sitúa los hechos en el segundo lustro de los 90, cuando Urrutikoetxea regresó al Estado español después de cumplir condena en cárceles francesas. Tras un tiempo en cárceles españolas, fue puesto en libertad después de que no pudiesen imputarle nuevos cargos. Por lo que explica Boye, que estudió Derecho en la cárcel, no fue porque no lo intentaron.

¿En qué circunstancia estaba usted preso en aquella época?
En aquella época yo todavía estaba preventivo porque estábamos a la espera del recurso ante el Tribunal Supremo.

¿En qué querían que involucrase a Urrutikoetxea?
En el secuestro del empresario Emiliano Revilla. Nosotros estábamos condenados en primera instancia.

¿De parte de quien le llegó la oferta? ¿Qué les ofrecieron?
Eso se produjo en los juzgados. Yo no sabía nada del tema y tampoco tenía claro siquiera quién era él (Urrutikoetxea). No conocía sus circunstancias. Yo les dije, evidentemente, que no tenía ni idea ni del secuestro ni mucho menos de esta persona, y en un momento dado se me dijo: «Usted no lo está entendiendo, lo que le ofrecemos es navidades en casa».

¿Quién se lo dice?
Estaban presentes el fiscal y el juez titular. No puedo recordar después de tantos años exactamente quién de los dos lo dijo, pero fue uno de los dos. Y fue en la Audiencia Nacional.

¿Con qué objetivo entendió que le hacían la propuesta?
Eso no lo entendí ese día. Lo entendí después, cuando supe que algo pasaba, pero de verdad que entonces yo no estaba al tanto de su situación. Pero evidentemente lo que se buscaba era una incriminación, que me imagino que después se habrá conseguido en otra causa.

Ya como abogado, ¿cree que este intento de incriminar delitos a Urrutikoetxea es compatible con un juicio con garantías?
Yo creo que es un mal síntoma. Es un muy mal síntoma de cara a una Justicia independiente y de cara a un procedimiento con las debidas garantías, pero también son un muy mal precedente las manifestaciones del ministro Fernando Grande-Marlaska, porque son declaraciones que sin duda vulneran la directiva comunitaria de presunción de inocencia.