El programa electoral de Navarra Suma resulta particularmente claro a la hora de defender una bajada de impuestos generalizada, rebajar la presión fiscal y echar por tierra los criterios de progresividad introducidos en estos cuatro años. Todo ello, en definitiva, para volver al modelo anterior, a su modelo. «Revertiremos este cambio en materia fiscal llevado a cabo por el cuatripartito», promete su programa. Acto seguido, propone rebajas fiscales por todas partes: por hijos, por planes de pensiones privados, infinidad de deducciones, llevar al mínimo el impuesto de sucesiones… También apuestan por ayudas que no van en función de la renta, pero que venden bien, porque son números redondos, muy válidos para la propaganda. Que si 1.200 euros por cada hijo menor de tres años, que si deducciones de 400 o 600 en función de grados de dependencia… Y así. Esto, visto desde el prisma formaciones del cambio, constituye casi un postulado herético. Porque si por algo se ha caracterizado la política fiscal de estos cuatro años ha sido precisamente por atar todas las ayudas y deducciones a parámetros de renta, es decir, teniedo en cuenta siempre que no son lo mismo 600 euros para una familia pobre que para una familia rica. El régimen fiscal navarro es hoy el más progresivo del Estado. 

Y en este punto trascendental, el PSN no ha roto amarras con Navarra Suma alineándose a esta corriente absolutamente neoliberal. Antes del cambio, la fiscalidad se pactaba de común acuerdo entre UPN y PSN. Este era uno de los puntos que más chirriaban de este acuerdo tan contranatura si se mira más allá de las mugas de Nafarroa. Chivite no ha roto con esto en la legislatura y lo tuvo bien fácil. El programa del PSN, por tanto, también quiere rebajar la presión fiscal con medidas similares a las que detallan los de Javier Esparza. La líder del PSN defiende las bajadas de impuestos, aunque lo vende en el programa como «alivio fiscal a las rentas bajas, medias y familias con hijos».

Al igual que Navarra Suma, el PSN juega la carta de devolver, con efecto retroactivo, las exenciones completas por maternidad que, de la mano de UPN, ellos mismos quitaron durante la crisis. De nuevo, se trata de una medida que no tiene en cuenta el margen de renta y que choca con la línea mantenida estos cuatro años. El cuatripartito dice que esta devolución retroactiva no tiene base jurídica y, a futuro, estipuló deducciones progresivas en función de la riqueza familiar para las nuevas madres. PSN y Suma quieren una exención total del IRPF, independientemente de cuánto ganen los progenitores. Se da la circunstancia de que una de las principales beneficiadas de esto sería la propia Chivite, que tuvo un sueldo (que era público, claro, ya que Chivite nunca ha trabajado en la empresa privada) de 90.000 euros y no se benefició de la exención.

Los programas políticos de las fuerzas del cambio, por contra, mantienen el enfoque de que es necesaria mantener la tasa impositiva. Solo Geroa Bai desafina un poco en lo tocante al IRPF, aunque es muy críptica. Su programa defiende «un reforzamiento de los mecanismos de política fiscal de Navarra tanto en el IRPF como en el Impuesto de Sociedades que permitan incentivar un modelo productivo que favorezca el desarrollo sostenible, la innovación, el emprendimiento y el empleo».

Los estándares de la Unión, pero para la gente

I-E, por contra, es muy concreta. Aspiran a recaudar 300 millones de euros más. Marisa de Simón, de hecho, ha retado a Chivite a decir en qué recortarían si logran reducir los impuestos. Según sus cálculos, con los recortes que promueve el PSN, la recaudación caería en 300 millones. Es decir, entre la propuesta de un partido y otro hay 600 millones de diferencia. Y los Presupuestos generales de Nafarroa para 2019 ascienden a 4.300 millones (que se quedan en 4.000 pelados si se descuenta lo que va a pagar de deuda).

El discurso de I-E es muy bonito, pero en realidad, la política fiscal que se ha logrado ahora en Nafarroa –el gran volantazo se dio en el mismo 2015– es el resultado de un enfrentamiento potente entre EH Bildu y Geroa Bai. La formación de Bakartxo Ruiz ha definido en 10 páginas lo que quiere hacer y para qué. «El objetivo progresivo de dichas políticas fiscales ha de ser aumentar la actual presión fiscal para equipararnos a los estándares de la Unión Europea, objetivo que nos otorgará la plena capacidad de desarrollar las políticas adecuadas para la protección social pública y el desarrollo económico y justo», vendría a ser el resumen. La línea roja de EH Bildu es que el dinero que se recauda ha de reinvertirse en la gente y no destinarse a macroninfraestructras

Podemos, por su parte, es mucho más vago en este punto, aunque tiene alguna que otra idea interesante. Dicen que hay que mantener la línea en lo tocante al IRPF y plantean una serie de medidas de vinculación de los tributos a empresas a medidas relacionadas con la ecología.

Redistribución de la riqueza

El dinero que se recauda con los impuestos es directamente proporcional a las cosas que se pueden hacer con él. Y en estos años, el aumento de la recaudación ha sido muy importante. La política fiscal, junto con la renovación en positivo del Convenio con el Estado y la mejoría económica, ha permitido que los Presupuestos de 2019 sean un 16% más altos que los que se heredaron de Barcina, una subida que supone más del doble de lo que se ha incrementado el PIB. En esto hay que destacar la lucha antifraude, porque mientras en el Estado no se ha llegado a recaudar por este concepto lo que se logró en el 2015, la Hacienda navarra ha conseguido mejorar en un 70% sus resultados (de 106 millones en 2015 a los 178 del año pasado).

También ciertos gastos han aumentado de forma considerable. No ha sido suficiente dinero como para revertir todos los recortes que, en su día, se hicieron al amparo de la crisis. En particular, el fondo que se dedica directamente a atajar la pobreza se ha disparado. UPN y PSN, en lo peor de la recesión y con la tasa del paro subiendo descontrolada, apostaron por elevar los requisitos para acceder a ayudas, sustituyendo la Renta Básica por una nueva ayuda, la Renta de Inclusión, la RIS. Así el gasto era menor. El informe de Comptos sobre este tipo de ayudas entre 2015 y 2018 indica que, en 2015, había 12.876 familias percibiendo una ayuda mensual que daba el Régimen. En noviembre de 2018 (que es la fecha en la que se realizó el informe), había 16.078 familias perceptoras de este tipo de ayudas (que volvieron a cambiar de nombre, de RIS a Renta Garantizada). El aumento de familias no tiene sentido el plano macroeconómico, puesto que la economía y los ratios de paro mejoraron. Si bien, existe un problema estructural en los parados, pues las ayudas de este colectivo han pasado de estar cubiertas casi en un 80% por las coberturas al desempleo (con cargo a la Seguridad Social) a que la Seguridad Social cubra menos de la mitad de las ayudas a los parados. Dicho de otro modo, hoy más de la mitad de los parados en Nafarroa no tienen paro y toda ayuda que reciban debe correr a cargo de los Presupuestos navarros, de los impuestos. De ellos viven los parados de larga duración. Y aunque es cierto que la tasa de desempleo se reduce, a los parados de larga duración les cuesta más salir del pozo, ya que cuentan con desventajas a la ora de encontrar empleo, como por ejemplo la edad. Ahí está el núcleo del aumento del gasto en Renta Garantizada.

Volviendo al informe de Comptos, las ayudas de la RIS en 2015 costaron 65,8 millones de de los Presupuestos de aquel año. El gasto en Renta Garantizada en 2018 fue de 104 millones de euros. La diferencia es equivalente a todo el gasto que genera la Consejería de Cultura. Esto no solo se explica por el aumento de perceptores de renta mensual, también la cuantía de las ayudas por unidad familiar han crecido (de 4.352 de promedio anual en 2015 a 6.448 en 2018). En esto el cuatripartito ha mantenido los criterios de proporcionalidad igual que a la hora de recaudar impuestos y las ayudas tienen una cuantía u otra en función de las características y miembros de cada unidad familiar.

El programa de Navarra Suma no se puede tildar de inconsecuente. Ellos apuestan por bajar los impuestos y recortar también en consecuencia las ayudas, volviendo a su Renta de Inclusión, y para ello alimenta la tesis de que se está pagando dinero a quien no lo merece. Promete más controles. El PSN, en estos años, también ha fomentado la idea de que existen abusos entre los perceptores de ayudas. El informe de Comptos al que se hace referencia en el artículo lo solicitó el propio PSN agitando ese fantasma al estilo Javier Maroto en Araba, solo que el resultado fue que no, que Comptos certificó que los controles del Gobierno navarro hacia las personas que reciben esta ayuda han funcionado correctamente estos años.

Aun así, los de Chivite siguen en sus trece. La batería de 130 medidas que ha lanzado el PSN es muy lacónica sobre qué hacer. Quieren quitar la Renta Garantizada, pero no se mojan mucho más. Hablan de «un nuevo modelo de gestión de las ayudas directas». Sin embargo, indudablemente, no se puede tener todo. Si se bajan los ingresos por la reducción de impuestos, habrá menos capacidad de redistribución de la riqueza. El nuevo modelo de gestión del que habla el PSN pasa por recortar prestaciones a parados de larga duración.

En resumidas cuentas, la diferencia entre Régimen y Cambio no solo radica en el plano ideológico-identitario, sino que fundamentalmente es matemática.