Los mismos presos políticos suspendidos como diputados en el Parlament de Catalunya se acreditaron ayer como parlamentarios en las Cortes. Cosas de la democracia española, que obliga a guardar las formas (es un decir, visto lo de ayer) pese a que todos sabemos que serán suspendidos de su cargo. La incógnita es saber cuándo.

Lo serán con toda seguridad con la sentencia condenatoria que llegue en otoño, pero lo podrían ser antes, en virtud del artículo 384 bis de la LeCrim. Es el que utilizó el juez instructor Pablo Llarena para ordenar de forma directa a la Mesa del Parlament la suspensión de los diputados presos y exiliados. Ahora, sin embargo, el juez Marchena ha dejado en manos de la Mesa del Congreso dicha suspensión. Es decir, el Supremo les ha venido a decir a los políticos que espera que los presos sean suspendidos (les ha indicado hasta qué artículo del Reglamento tienen que utilizar), pero les ha sugerido que mejor que se encarguen ellos, que a los jueces les da risa.

No deja de ser, en el fondo, una bella expresión de justicia poética, porque los mismos partidos políticos que judicializaron una cuestión política se van a ver ahora obligados a decidir sobre cuestiones judiciales como es la suspensión de cargos electos. La separación de poderes es un lío en España. En cualquier caso, Meritxell Batet tiene la primera patata caliente encima de la mesa antes siquiera de ser elegida hoy para presidir el Congreso. Veremos dónde queda la «cortesía parlamentaria» que pedían para Iceta.

P.D. La decisión no es menor: si los cuatro diputados presos son suspendidos sin ser sustituidos, la mayoría absoluta baja de 176 escaños a 174, lo que permitiría una investidura de Pedro Sánchez en primera instancia, sin necesidad de contar con independentistas. Le bastaría con Podemos, PNV, Coalición Canaria y Compromís.