Representantes de ELA, Steilas, LAB, CCOO y UGT han comparecido este lunes ante la Comisión de Educación del Parlamento de Gasteiz para exponer, a petición de EH Bildu, la situación en la que se encuentra el largo conflicto laboral en la enseñanza concertada de iniciativa social, cuyo convenio lleva diez años caducado.

La comparecencia  apenas ha deparado novedades respecto a la que estos sindicatos realizaron ante esta misma comisión parlamentaria el pasado 18 de febrero, lo que evidencia la situación de bloqueo, que se ha saldado con recurrentes convocatorias de huelgas en los últimos meses.

La representante de ELA Miren Zubizarreta, que ha actuado como portavoz de los sindicatos comparecientes, ha recordado que las principales demandas de los trabajadores pasan por la firma de un nuevo convenio que sustituya al que caducó en 2009, así como por la reversión de los «recortes» que se han venido aplicado en los últimos años por parte de la patronal.

Ha subrayado la necesidad de avanzar hacia la recuperación de la capacidad adquisitiva de los docentes, que según ha afirmado, se ha visto reducida en un 13,4% en los últimos años. Asimismo, ha insistido en reclamar «garantías» para la recolocación de los profesores que puedan perder su puesto de trabajo como consecuencia de la disminución de la natalidad.

Ha acusado a la patronal Kristau Eskola de actuar de forma «irresponsable» y de haber llevado al «fracaso» todas las posibilidades de lograr una solución al conflicto, al responder con «un no rotundo» a las propuestas «asumibles» que le trasladaron los sindicatos.

En el caso del Gobierno autonómico, las centrales han reprochado que trate de «lavarse las manos» ante un conflicto en el que también debería asumir su «responsabilidad», puesto que los centros concertados se financian con fondos públicos.

Respecto a la propuesta para canalizar la resolución de este problema al servicio de intermediación del Departamento de Trabajo del Ejecutivo autonómico, Zubizarreta ha explicado que los sindicatos «no descartan» esa posibilidad, pero ha precisado que en la actualidad «no se dan las condiciones» para esa intermediación porque el problema no consiste en que las partes «no se entienden»,  sino a que quienes tienen la capacidad y el poder de adoptar decisiones no ofrecen la «respuesta» necesaria para resolver la situación.