La abogada de Jordi Cuixart, Marina Roig, ha realizado esta mañana el informe final más atípico del juicio contra el independentismo catalán, algo que ha llevado a varios de los presentes a levantar la ceja ante una exposición que no se ha centrado tanto en entrar en el fondo de los informes de las acusaciones, sino en una defensa férrea de los derechos fundamentales. Concretamente y por encima de otros, del derecho a la protesta.

Roig ha denunciado una concepción de la movilización ciudadana «antidemocrática y contraria a los derechos fundamentales». «No hay Constitución sin democracia, y no hay democracia sin participación ni movilización política. Y no hay participación sin las condiciones materiales que la protejan», ha defendido Roig, que ha insistido en que «la unidad de España no puede provocar el sacrificio de los derechos fundamentales».

«Algo no puede ser al mismo tiempo delito y ejercicio de un derecho fundamental», ha resumido Roig, instando al tribunal a elegir entre uno y otro. La exposición de la letrada ha estado jalonada, además, de constantes referencias a la legalidad internacional, a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), al informe de un organismo de la ONU favorable a los presos catalanes y a la sentencia del tribunal alemán que desestimó la extradición de Carles Puigdemont. Estas dos últimas referencias brillaron ayer por su ausencia.

Roig ha concluido calificando la situación catalana de «conflicto político de gran calado», frente al cual la gente salió a protestar. «Nos hemos de sentir orgullosos de que la gente saliese a la calle» y de que lo hiciese «pacíficamente», ha añadido la abogada, que reiteró que el 1-O fue «el acto de desobediencia civil más importante de Europa en los últimos años» y denunció el «uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza policial» aquel día.

Por todo ello, Roig ha concluido reclamando la libre absolución para Jordi Cuixart, así como su inmediata puesta en libertad tras más de 600 noches encarcelado.

Derecho penal de autor contra Carme Forcadell

Tras Roig ha llegado el turno de Olga Arderiu, abogada de Carme Forcadell. Ha desgranado un informe preciso y contundente en el que ha denunciado que a la expresidenta del Parlament se le está juzgando «no por lo que ha hecho, sino por quién es».

Se trata de algo que ha identificado con el derecho penal del enemigo y que ha ejemplificando, por ejemplo, recordando que pese a que la Mesa del Parlament es un órgano colegiado en el cual Forcadell no utilizó nunca su voto de calidad, ella está acusada de rebelión en el Supremo y el resto de la Mesa imputada solo lo está por desobediencia y en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

Arderiu también ha hilado fino a la hora de recordar que en el Parlament se han debatido, a lo largo de los últimos 40 años, más de 20 resoluciones sobre la autodeterminación, la soberanía o la independencia, pero que es en el momento en que ha habido una mayoría absoluta dispuesta a ejercerlas «cuando empieza la criminalización del debate parlamentario».

La defensa de Borràs denuncia el sesgo de la Fiscalía

Judit Gené, letrada de la exconsellera Meritxell Borràs, ha sido la siguiente en tomar la palabra, antes de que el juez Manuel Marchena parase para un receso de media hora.

Gené ha criticado con dureza «el sesgo» de las acusaciones, que se han fijado «solo en lo que perjudica» a los acusados, algo que «los ha privado de poder hacer un análisis global». Gené se ha centrado en el delito de malversación imputado a Borràs y ha reclamado su libre absolución.

Referéndum y golpe violento no son sinónimos

Tras la pausa de mediodía ha llegado el turno de Mariano Bergés, abogado de la exconsellera Dolors Bassa. Ha recordado que su defendida «dio la orden de que se cumpliesen los mandatos judiciales» en su departamento y ha llamado a «no confundir celebrar un referéndum con dar un golpe violento».

«El 1-O la gente acudió a los colegios para votar, no para dar un golpe violento. Su convocatoria pretendía posibilitar que los ciudadanos se pronunciarán sobre su futuro político, un derecho y la expresión máxima de la democracia», ha añadido Bergés, que también ha recordado que, durante el juicio, apenas se ha mencionado cuatro o cinco veces a Bassa. «¿Qué aportaciones esenciales hizo?», ha rematado.