Los trabajos de investigación periodística sobre el medio ambiente pueden ser tan peligrosos como los que se hacen en torno al contrabando de drogas». Este aserto de Bruce Shapiro en “The Guardian” resume el campo de juego en el que se ven obligados a operar aquellos profesionales que han consagrado su carrera a dar cuenta de los delitos medioambientales. Salvo las actividades del narco y las guerras, siempre crueles con quienes informan sobre ellas, no hay escenario más arriesgado para desempeñar esta profesión.

No es una sensación, los números lo corroboran: en los últimos diez años 13 periodistas que investigaban agresiones a la naturaleza han muerto de forma violenta. Se trata de Crispin Pérez, Gerardo Ortega y Desidario Camangyan (Filipinas), Ardiansyah Matra’is (Indonesia), Darío Fernández (Panamá), Wisut Tangwittayaporn (Tailandia), Hang Serei Odom (Camboya), Sai Reddy, Jagendra Singj y Karun Misra (India), Mikhail Beketov (Rusia), Soe Moe Tun (Myanmar) y María Efigenia Vásquez (Colombia). Otras 16 muertes están siendo investigadas por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). Otras formas de violencia, hostigamiento e intimidación son incontables.

Los enemigos de la información veraz y comprometida son numerosos y poderosos, desde multinacionales y empresas extractivas hasta gobiernos corruptos y grupos paramilitares. O alguna joint venture conformada por todos esos actores en comandita. En ocasiones logran apagar las voces molestas para siempre, pero no siempre lo consiguen. De ello se encargan colegas que toman el relevo de los silenciados, pues el gremio de los periodistas, a veces tan denostado, tiene tendencia a revolverse cuando le atacan.

Probablemente ese impulso, que es atávico, explica proyectos como Green Blood, que está pilotado por el consorcio Forbidden Stories y que aglutina a medios de todo el mundo con el objetivo de continuar informando sobre algunos casos que han encallado a causa de las presiones. Entre ellos se encuentra el citado diario británico, donde Shapiro, director del think tank Dart Center for Journalism and Trauma, señala que «los problemas ambientales implican algunos de los mayores abusos de poder y algunas de las mayores concentraciones de poder del mundo». «Me cuesta mucho pensar en una categoría de reporteros de investigación que traten con actores más peligrosos», insiste.

La industria minera

El trabajo de Green Blood se ha centrado en la industria minera, en áreas donde si bien no ha resultado muerto ningún periodista, el comportamiento de la Policía y de las instituciones han disuadido a los medios locales de profundizar en sus investigaciones, haciendo efectivo un bloqueo informativo que perjudica a la población de la zona.

Una de las investigaciones se centra en una mina de Tanzania, donde los profesionales que trataban de informar sobre sus actividades han sido acosados y, en algunos casos, relegados de sus puestos. De hecho, dos diarios se han cerrado por presiones de la empresa minera, en un área donde se han reportado desplazamientos, residentes muertos por la Policía y guardias de seguridad y violaciones por parte de uniformados.

El segundo informe se refiere a una mina de níquel en Guatemala que está afectando a la vida de muchas familias &bs;indígenas, que han denunciado desalojos, detenciones y escasez de agua. Asimismo, los periodistas que han informado al respecto se han visto bajo arresto domiciliario y en algunos casos obligados a esconderse para no ser detenidos.

El níquel se utiliza en utensilios de cocina de acero inoxidable e instrumentos quirúrgicos, entre otros productos, y la demanda de este mineral es alta. Además, es probable que su valor aumente de forma exponencial debido a su uso en automóviles eléctricos.

Este grupo de reporteros internacionales ha estado también en la India, donde la extracción de arena es un negocio de grandes proporciones, millonario, pues los minerales obtenidos de las minas areneras se usan en todo tipo de industrias, desde la cosmética hasta la robótica. El gigante asiático es uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo, y tres de los trece profesionales fallecidos desde 2009 por su trabajo en el ámbito ambiental eran de ese país.

Consecuencias de la crisis climática

El director ejecutivo del CPJ, Joel Simon, explica en “The Guardian” que «informar sobre este tipo de historias para medios nacionales e internacionales a menudo implica viajar a comunidades remotas y tener que hacer frente a intereses poderosos, lo que lo convierte en un ejercicio peligroso». «Este no es un problema nuevo –añade–, pero se ha agudizado a medida que el cambio climático se ha acelerado y el cambio ambiental tiene un impacto más directo en la vida de las personas». Al respecto, Simon no cree que esto vaya a cambiar en el corto plazo, de modo que considera importante «informar sobre temas ambientales pese al riesgo».

En un mundo donde los recursos naturales son limitados y la demanda no, la lucha por hacerse con su dominio es implacable y no entiende de derechos humanos. Pero vulnerarlos es difícil cuando hay testigos; de ahí surge el empeño en acallarlos, y también la tozudez de quien no acepta ser silenciado.

la muerte de berta cáceres no cambió la suerte de los militantes ambientalistas

La muerte de Berta Cáceres conmocionó a todo el mundo, sobre todo a quienes trabajan para que este siga siendo habitable. La cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, feminista y activista medioambiental era una persona muy conocida. Había sido galardonada con el Premio Goldman por su actividad contra la privatización de los ríos y los proyectos de presas hidroeléctricas, en particular la represa de Agua Zarca. Combatió también proyectos mineros y madereros, y en 2009 encabezó protestas contra el golpe de Estado al presidente Manuel Zelaya. Llevaba años siendo amenazada, como su familia, hasta que en marzo de 2016 unos sicarios acabaron con su vida.

Aquella muerte generó numerosas protestas en todo el planeta, y parecía que por primera vez algo podía cambiar en la intrincada batalla de los activistas medioambientales, casi siempre fuera de los focos informativos.

Pero nada ha cambiado. Si ese año 2016 se saldó con 200 ambientalistas muertos, en el siguiente la cifra subió a 207, según el informe anual de Global Witness. Aunque el número puede ser mayor, ya que sólo se informa de las muertes documentadas, y la labor de documentación en muchos países es más que complicada, casi imposible.

El 60% de las muertes se produjeron en América; Brasil a la cabeza con 57 activistas muertos, «la mayor cantidad en la historia», según ese organismo. Le siguieron Filipinas, con 48, y México y Perú, con quince y ocho. La agricultura «destructiva», que acapara tierras para cultivos como el aceite de palma; la minería; la gestión del agua; y la caza ilegal, están detrás de esas muertes, en muchos casos con la complicidad de policías, soldados y gobiernos.I.B.