Se sabía que a la Diplomacia española le cuesta poco mentir. Podemos recordar la carta de la entonces ministra de Exteriores, Ana Palacio, remitida el 11 de marzo de 2004 a todos los embajadores instruyéndoles en que «deberá VE [vuestra excelencia] aprovechar aquellas ocasiones que se le presenten para confirmar la autoría de ETA de estos brutales atentados, ayudando así a disipar cualquier tipo de duda que ciertas partes interesadas puedan querer hacer surgir», lo que llegó hasta el Consejo de Seguridad de la ONU. También defendió en ámbitos internacionales que la primera víctima de ETA había sido la niña Begoña Urroz, muerta en junio de 1960 por una bomba colocada por el DRIL como ya es comúnmente admitido.

Aquel 11 de marzo de 2004 el embajador de España en EEUU era Javier Rupérez y el representante ante la ONU, Inocencio Arias. Y aquellos que entonces trasladaron las mentiras del Gobierno de José María Aznar sobre las bombas en las estaciones de Madrid están ahora entre los firmantes de un escrito remitido a la administradora provisional única de RTVE, Rosa María Mateo, con duras críticas por la emisión de la entrevista con el coordinador general de EH Bildu.

En el escrito, los diplomáticos jubilados aseguran que «nos ha sorprendido desagradablemente que la Televisión oficial de España haya ofrecido un lugar preferente en sus pantallas a Arnaldo Otegui, un delincuente y terrorista convicto, que intentó matar al diputado Gabriel Cisneros –al que pegó un tiro– y secuestró al diputado Javier Rupérez».

Entre los diplomáticos «abajofirmantes» de la carta, adelantada por ‘ABC’, están César Alba, Marcelino Oreja, Ramón Ansoain José de Carvajal, Inocencio Arias, Juan Manuel de Barandica, Raimundo Bassols, Ignacio Camuñas, Melitón Cardona, Juan González-Cebrián, Alfonso López Ibor, Javier Nagore, Juan Leña, Ramón de Miguel, Antonio Oyarzábal o Juan Prat, entre otros.

Pero la realidad es que Arnaldo Otegi fue absuelto del secuestro de Javier Rupérez, porque aunque el fiscal pedía 29 años de cárcel para él, el diputado de UCD no lo identificó, por lo que la Audiencia Nacional determinó en 1989 que no existía «prueba mínima, adecuada y suficiente». Al año siguiente también fue absuelto del intento de secuestro de Gabriel Cisneros.

Las acusaciones de estos diplomáticos son prácticamente un copia y pega de las que ya hizo el presidente del PP, Pablo Casado, en un mitin electoral. Ni siquiera se han molestado en consultar en Google.