Àlex ROMAGUERA
BARCELONA

España intensifica el espionaje para frenar la diplomacia catalana

La ofensiva del gobierno español contra la política exterior de la Generalitat ha desatado una nueva polémica. A los habituales boicots de conferencias, el ministro Josep Borrell ha añadido el seguimiento de las oficinas que Catalunya tiene en el extranjero con el fin de justificar su cierre o evitar la apertura de nuevas en otros países.

«Su actuación se extralimita, invade competencias y trabaja en contra de los intereses del Estado». Así opina la embajada española en Suiza sobre Manuel Manonelles, el delegado de la Generalitat en el país centroeuropeo, al cual describe como «un activista» que, desde la reapertura de la delegación catalana en Ginebra tras la retirada del 155, «actúa al servicio de la causa independentista».

En el escrito sobre Manonelles, datado el pasado 13 de marzo, también aparecen monitorizadas sus reuniones, mensajes en las redes sociales e incluso su situación legal. «Parece disponer de un permiso de residencia B que corresponde a trabajo por cuenta ajena, y que provendría de una solicitud favorable que formuló alguna ONG». La inquietud de la autoridades españolas ha llegado al extremo de proponer que el Centro Nacional de Inteligencia español (CNI) elija un agregado para contrarrestar la actividad de Manonelles, ya que «están en juego nuestros intereses en el ámbito multilateral, académico y civil alrededor de la llamada Ginebra internacional».

La sede de la Generalitat en Suiza es una de las que el ministro Josep Borrell estudia cerrar por su supuesta «deslealtad» institucional. Otra es la de Londres, dirigida por Sergi Marcén, del cual la documentación que aporta el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) indica que «mantuvo contactos con un diplomático de Gales para exponerle el plan soberanista, retuitea mensajes a favor de Gibraltar e incluso, con el fin de desacreditar España, insinúa que la avería de la compañía de comunicaciones O2 se debe a que pertenece a la (compañía) española Telefónica».

Los informes del TSJC incluyen también la oficina catalana en Berlín, de cuya representante, Marie Kapretz, se dice que actúa bajo el dictado del presidente de ERC, Oriol Junqueras: «Junqueras le ha encargado que contacte con las congregaciones eclesiásticas para que la Iglesia ayude a mejorar la situación de los políticos presos», afirman desde la embajada española.

Ofensiva sin tregua

Las delegaciones catalanas en Ginebra, Londres y Berlín podrían ser las primeras que Borrell clausure a raíz de estos seguimientos, hecho que para Alfred Bosch, consejero d’Acció Exterior de la Generalitat, supondría un nuevo caso de «guerra sucia» en la dinámica de boicots y amenazas que la diplomacia catalana padece los últimos años. El último episodio ha sido el acto que, bajo el lema “El soberanismo catalán: dimensión histórica de una posibilidad abierta”, tenía que realizarse el mes de junio en México DF. Según Anna Ribera, una de sus organizadoras, la embajada española obstaculizó el evento, que finalmente se celebró el pasado miércoles, 17 de julio.

Anteriormente, durante el gobierno del PP, las oficinas de la Generalitat también habían sido objeto de numerosas intervenciones, destinadas sobre todo a impedir los coloquios, presentaciones de libros y otras iniciativas que impulsaba Diplocat, el consorcio creado por la Generalitat para la proyección internacional de Catalunya.

Tanto a través del entonces ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, como de su sucesor, Alfonso María Dastis, el Ejecutivo de Mariano Rajoy sometió al Diplocat a una auténtica asfixia y presión diplomática. Así lo explica Martí Estruch, exdirector de comunicación de este organismo de diplomacia pública, según el cual «hasta el cierre de las oficinas decretado por el artículo 155, los intentos de boicot de las autoridades españolas eran continuas y, aunque es difícil demostrarlo, también nos espiaban».

Borrell, el azote permanente

Una vez superado el 155 y reabierto Diplocat, parecía que el nuevo gobierno del PSOE aflojaría los seguimientos. Pero lejos de esto, el ministro en funciones Josep Borrell ha endurecido las medidas una vez el Consell de la República ha conseguido, a través de su sede en Waterloo, situar las aspiraciones soberanistas y el juicio del Supremo en la agenda internacional.

Durante estos meses, Puigdemont y los exconsejeros exiliados han visto anuladas numerosas reuniones y actos diplomáticos; al mismo tiempo, Borrell ha decidido monitorizar la actividad de los delegados de la Generalitat. Una acción que ha desatado una agria polémica, más aún cuando en el informe del TSJC aparecen el diputado del Bundestag por el partido de izquierdas Die Linke, Andrej Hunko, la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, o la diputada de la Asamblea de Gales, Eileen Jones. A propósito del informe, el pasado día 11, Hywel Williams, diputado del Playd Cymru galés, elevó ante el plenario de Westminster una queja para que se aclare el contenido exacto de esta vigilancia encubierta de los servicios secretos españoles.

El espionaje ha puesto nuevamente en entredicho la figura de Josep Borrell. Cabe recordar que la Generalitat de Catalunya ya pidió su dimisión en enero por haber afirmado que «muchas imágenes del 1 de octubre corresponden a hechos ocurridos en el Chile de Pinochet», mientras con anterioridad, el mes de noviembre, se le había criticado por haber minimizado el exterminio de nativos norteamericanos al señalar que, a diferencia de Europa, los Estados Unidos sólo «habían matado a cuatro indios» para lograr la independencia. Entre la clase política también le recuerdan cuando, durante la campaña de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre de 2017, declaró que había que «desinfectar Catalunya» antes de plantear un posible indulto a los líderes independentistas.

El histrionismo de Borrell hace presagiar que, en su nueva condición de Alto Representante en política exterior de la UE, continuará al acecho contra cualquier iniciativa del gobierno de Quim Torra a nivel internacional. No solo podría cerrar las tres oficinas espiadas, pues ya ha anunciado que recurrirá las nuevas delegaciones que la Generalitat proyecta en Argentina, México y Túnez porque, a su juicio, «son claramente nocivas para España».

 

Boicot ‘Made in Spain’: cartografía de una persecución

20.03.2014, Lisboa (Portugal)

La Universidad de Lisboa denunció presiones de la diplomacia española contra la celebración de una jornada académica sobre Cataluña. En una carta a un periódico luso, el degano de la Facultad de Derecho, Eduardo Vera-Cruz Pinto, acusó al ministro de Exteriores de haber «presentado un debate sobre la conveniencia en España como un acto de propaganda independentista».

08.09.2014, Utrech (Holanda)

La embajada española en Holanda y el Instituto Cervantes cancelaron la presentación de la novela “Victus”, en la cual Albert Sánchez Piñol narra el asedio de Barcelona durante la Guerra de Sucesión de 1714. Según Juliette Van Wersch, su editora, «las órdenes provenían directamente de Madrid» y obedecían a «razones políticas».

05.12.2014, Roma (Italia)

Diplomáticos españoles repartieron a los asistentes a una charla de Diplocat un documento que defendía la unidad de España y minimizaba el independentismo. El documento calificaba el 9-N como un «pseudo-referéndum sin garantías» y las elecciones plebiscitarias del 27S como contrarias a la Constitución.

09.12.2014, Viena (Austria) 

Durante un coloquio organizado por Diplocat en la Universidad de Viena, miembros de la embajada española distribuyeron entre el público un texto de seis páginas que señalaba la imposibilidad legal de permitir un referéndum de autodeterminación y que la secesión en Cataluña apenas tenía apoyo social.

27.08.2015, Montevideo (Uruguay)

Desdel gobierno español se instó al parlamento de Uruguay a prohibir que el secretario de Asuntos Exteriores de la Generalitat, Roger Albinyana, y el secretario general de Diplocat, Albert Royo, explicaran ante los diputados el proceso soberanista catalán. CDC pidió la comparecencia del ministro García-Margallo por estas presiones.

10.12.2015, Cracovia (Polònia)

El gobierno español impuso a un miembro de Societat Civil Catalana (SCC) como ponente de un acto de Diplocat en la Universidad de Cracovia. El enviado de la embajada era el arquitecto Mariano Gomá, actual presidente de la plataforma unionista y conocido por firmar varios manifiestos españolistas en Cataluña.

09.07.2016, Gotland  (Suecia) 

Ante la participación de Cataluña en el festival político Almedalsveckan, la embajada española intentó que los organizadores retiraran la invitación a la delegación catalana. Pese a las maniobras del cónsul en Estocolmo, Cataluña pudo estar presente mediante la directora general de Asuntos Exteriores de la Generalitat, Maria Badia.

21.09.2016, Buenos Aires (Argentina)

A instancias del gobierno Rajoy, la embajada española presionó sin éxito al Casal Català de Buenos Aires para que anulara varios actos en los que participó el exconsejero de Exteriores de la Generalitat, Raül Romeva, entre ellos la colocación de la primera piedra de un monumento dedicado a la figura de Lluís Companys.

19.10.2016, Bruselas (Bélgica)

Laura Martínez Bosques, consejera de la embajada española en Bélgica, se hizo pasar por estudiante para interrumpir el acto que Diplocat organizó en la Universidad de Louvain-la-Neuve bajo el lema ‘Catalunya, ¿nuevo Estado de Europa?’. En el acto participaron el representante de la Generalitat, Amadeu Altafaj, y varios académicos europeos.

09.05.2017, Budapest (Hungría)

El delegado de la Generalitat en Europa central, Adam Casals, denunció «insultos y amenazas» de representantes de la embajada española por el viaje que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, tenía previsto hacer a Budapest para asistir a una reunión de la Asamblea Parlamentaria de la Francofonía.

03.07.2017, Ostrava (República Checa)

La embajada española intentó boicotear el 30º Encuentro Internacional de Folclore catalán que se llevó a cabo en la ciudad de Ostrava, según denunció la asociación Adifolk. Des de la Generalitat se acusó al diplomático Pedro Calvo-Sotelo de exigir al ayuntamiento de esta localidad que anulara el evento.

25.09.2017, París (Francia) 

A seis días del referéndum del 1 de octubre, el embajador español impidió que los medios de comunicación pudieran tomar imágenes de la conferencia que, bajo el lema ‘Autodeterminación y democracia: el caso de Cataluña’, pronunció Raül Romeva en el Instituto de Estudios Políticos Sciences Po de París.

21.10.2017, Sofia (Bulgaria)

La embajada española en Bulgaria suspendió la charla que el dibujante catalán Cels Piñol, conocido por la serie ‘Fanhunter’, tenía que impartir a alumnos de la National Art Academy de Sofía. Según Piñol, la decisión fue una reprimenda a unas declaraciones suyas en defensa del referéndum y la República Catalana.

18.10.2018, Bruselas  (Bélgica) 

Después de varias presiones, la embajada española consiguió que la Facultad de Arquitectura de la Universidad Libre de Bruselas anulará la inauguración de la muestra ‘Export BCN–Importe WBA’, en la cual tenía que intervenir Lluís Puig, conseller de cultura exiliado en Bélgica.

07.04.2019, México DF 

(México)

Carles Puigdemont declinó participar en un acto de la Universidad de México por las presiones de la embajada española a esta institución, que se vio forzada a substituir su charla por una conferencia del historiador José Sols, promotor del manifiesto “Cristianos por la convivencia” y próximo a la extrema derecha.