El ministro español de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, afirmó ayer que «no puede ser» que el Estado español sea el único puerto seguro del Mediterráneo ni el único estado que esté asumiendo las labores de salvamento de inmigrantes, porque esta no es una cuestión «potestativa ni voluntarista» sino de política de derechos humanos y de política migratoria de la Comisión Europea (CE).

Tras la reunión que el presidente del Gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, acompañado del ministro y del president de la Generalitat Valenciana y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, mantuvieron con la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra (Compromís), y el diputado de esta formación en el Congreso, Joan Baldoví, Ábalos señaló que «no puede ser que solo España constituya puertos seguros porque eso sería dramático desde el punto de vista del derecho humanitario, de las convenciones internacionales y de la propia Comisión Europea».

Y agregó que el Ejecutivo español, que ha prohibido a Open Arms y al Aita Mari realizar operaciones de rescate en el Mediterráneo, está haciendo «muchísimas misiones de salvamento».

Ayer, el Gobierno de Lakua se sumó al del País Valencià, al Ayuntamiento de València y a Extremadura en su disposición a acoger a las 121 personas rescatadas por Proactiva Open Arms. Lakua propuso que a Madrid acogerlas entre las distintas comunidades autónomas a través de porcentajes fijados en función de población, renta y desempleo existente en cada una de ellas. Además, abogó por un Pacto Social por la Migración.

Las 121 personas migrantes rescatadas hace cinco días en aguas del Mediterráneo Central esperan a bordo del barco de la ONG catalana un puerto seguro en el que desembarcar. Su fundador, Óscar Camps, insistió ayer en pedir a Italia o Malta autorización para hacerlo y urgió a la Unión Europea (UE) a adoptar entre sus diferentes socios un acuerdo que lo permita, una solución similar a la alcanzada para el caso del Alan Kurdi alemán, cuyos 40 migrantes llegaron el domingo a La Valleta tras un acuerdo gestionado desde Berlín para su posterior redistribución con otros países europeos.

Según denunció Camps, Malta se desentendió y todavía no han recibido respuesta de Italia que solo permitió evacuar por razones médicas de dos mujeres embarazadas y la hermana de una de ellas. Aún quedan 121 personas, entre ellos dos bebés y otros 30 menores de edad, que «precisan asistencia médica y siquiátrica» tras haber sido «víctimas de muchísima violencia en los campos de detención irregulares que hay en Libia».

Acusan a Frontex de tolerar malos tratos a migrantes

Frontex, la agencia responsable de las fronteras exteriores de la UE, ha sido acusada por varios medios de tolerar los malos tratos a migrantes por parte de funcionarios locales y de haber violado sus propios efectivos los derechos humanos de refugiados e inmigrantes durante las expulsiones. La agencia europea negó «categóricamente» las acusaciones y alegó no tiene poder «sobre el comportamiento» de las fuerzas policiales y los agentes de frontera estatales de los gobiernos de la UE.

Documentos internos de Frontex recogen «el uso excesivo de la fuerza» y «el maltrato a refugiados» por el uso de porras, el gas pimienta y perros de caza como escoltas por parte de agentes de frontera de Bulgaria, Hungría y Grecia, informaron la cadena pública alemana ARD, el diario británico “The Guardian” y el centro de investigación especializado en Derechos Humanos Correctiv. También constatan que la utilización de esposas «no se usa de forma necesaria y proporcional» y reconocen la deportación de menores no acompañados, algo «no permitido».

La agencia europea ha dejado claro que «puede suspender a un agente desplegado por Frontex en sus operaciones, pero no tiene autoridad sobre el comportamiento de las fuerzas de Policía o de fronteras nacionales ni tiene el poder de llevar a cabo investigaciones en el territorio de los estados miembros de la UE».GARA