El Gobierno francés ha adoptado este miércoles tres proyectos de reforma de las instituciones que, entre otras cosas, pretenden reducir en un 25% el número de parlamentarios y que un 20% de los diputados sean elegidos por un sistema proporcional y no mayoritario.

La portavoz del Gobierno, Sibeth Ndiaye, ha explicado en una rueda de prensa al término del Consejo de Ministros que estas reformas responden a las promesas del presidente, Emmanuel Macron, cuando fue elegido en 2017, pero también a la desconfianza manifestada por los ciudadanos en el debate popular de comienzos de año organizado por la crisis de los «chalecos amarillos».

El texto del Ejecutivo no empezará su tramitación parlamentaria hasta que haya perspectivas de «un acuerdo global previo» con las dos cámaras, y en particular con el Senado, donde el partido de Macron no tiene mayoría, precisó la ministra de Justicia, Nicole Belloubet.

Según los planes del Ejecutivo, el número de diputados disminuiría de los 577 actuales a 433, y el de senadores de 348 a 271.

Además, una quinta parte de los miembros de la Cámara baja (87 en ese escenario) se elegirían con un sistema proporcional, lo que era una demanda de formaciones como la ultraderechista Agrupación Nacional (RN) o Los Verdes, que se quejan de estar infrarrepresentados en la Asamblea Nacional pese al porcentaje de votos conseguidos a escala nacional.

Actualmente, en los comicios legislativos (para la Asamblea Nacional) se utiliza un procedimiento mayoritario a dos vueltas en circunscripciones uninominales, lo que en principio favorece a los grandes partidos.

Otras reformas planteadas

Belloubet confirmó que, como se había anunciado, se limitará a tres el número de mandatos sucesivos que podrán ejercer los cargos públicos, una medida «para evitar una excesiva profesionalización de la política», según dicen. Habrá excepciones para los alcaldes de localidades de menos de 9.000 habitantes.

Igualmente se rebajará a un millón el número de firmas necesarias para convocar el llamado Referéndum de Iniciativa Compartida (RIP), que ahora requiere el respaldo de un 10% del cuerpo electoral (equivalente a unos 4,7 millones de personas).

El RIP requiere, previamente a la recogida de firmas, que una quinta parte de los miembros del Parlamento presenten una proposición de ley.

Otra parte de la reforma busca aumentar la independencia de la Justicia, con medidas como la supresión del Tribunal de Justicia de la República, una jurisdicción específica que se encarga de juzgar a los miembros del Gobierno por asuntos vinculados al ejercicio de su cargo.

En su lugar, será el Tribunal de Apelación de París el que asumirá esos asuntos, una vez que hayan pasado un filtro de otra instancia judicial.

Además, el nombramiento de los fiscales, que es una prerrogativa del Ejecutivo, habrá de contar con el visto bueno del Consejo Superior de la Magistratura, que además tendrá competencias disciplinarias sobre ellos.