La Autoridad Nacional Palestina (ANP) ha hablado con las autoridades españolas para expresarles su malestar por el hecho de que la empresa forme parte de una iniciativa que consideran que servirá para conectar las colonias israelíes de Jerusalén Este y Cisjordania ocupada con el centro de Jerusalen.

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles CAF, con sede en Beasain, integra el consorcio TransJerusalem J-Net Ltd junto con la constructora israelí Saphir, que a principios de agosto fue seleccionado como adjudicatario del proyecto del tren ligero de Jerusalén por un importe que supera los 1.800 millones de euros. A principios de este año, el comité ya instó a la empresa a que renunciase al proceso de licitación.

La urbe, cuya parte oriental bajo ocupación israelí desde 1967 es reclamada por los palestinos como capital de su futuro Estado, cuenta ya con una línea de tranvía en funcionamiento desde 2011 que generó controversia al enlazar las colonias judías de la zona este ocupada con el oeste israelí de la ciudad.

El proyecto previsto, desarrollado bajo la modalidad PPP (Proyecto Público Privado), prevé la construcción de 27 nuevos kilómetros de vía, 53 estaciones y varios depósitos, y se materializará en una extensión de 6,8 kilómetros de la infraestructura actual, la Línea Roja, así como en la ejecución de la nueva Línea Verde, que contará con 20,6 kilómetros de recorrido.

El suministro de CAF incluirá la fabricación de 114 nuevos tranvías y la rehabilitación de las 46 unidades que actualmente están en servicio, pero los palestinos presionan para que la empresa vasca se desvincule del proyecto por su afectación en los territorios ocupados, y advierten que si sigue adelante con este trabajo podría vulnerar el derecho internacional.

Según Naser al Qidwa, exministro de Asuntos Exteriores y antiguo representante palestino ante la ONU y la Corte Penal Internacional (CPI), «hay muchas empresas multinacionales haciendo negocios en colonias, y otras que los hacen fuera, pero que trabajan y colaboran con los intereses israelíes», por lo que se debe pedir el boicot y «tomar acciones» contra todas ellas.

«Cualquier intento de una compañía de hacer negocios en territorio ocupado supone una violación del derecho internacional», denuncia Al Qidwa, que asegura que si CAF no se desmarca de los trabajos del tranvía «cometerá algo muy ilegal».

Si la CAF no da marcha atrás, dice Qudwa, se podría presentar una demanda a la Justicia española, y en último plazo, a instancias internacionales. «Nos sorprendió un poco que esta compañía sea de España y del País Vasco, que están en la vanguardia de la solidaridad con el pueblo palestino», ha declarado Jamal Juma, coordinador local del movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS).