La vista de los recursos este miércoles en el Tribunal Supremo ha servido a las defensas de los jóvenes de Altsasu para incidir tanto en la falta de pruebas como en la distorsión generada en la instrucción por la Guardia Civil. Jaime Montero, abogado de Oihan Arnanz, ha hablado por ejemplo de «investigación sesgada» al mezclarse en el cuerpo militar «los roles de investigadores y víctimas». Pero también han incidido en que la Audiencia Nacional ha creado «indefensión» al aceptar todo su relato mientras se denegaban pruebas presentadas por las defensas.

Esta desprotección se extiende hasta la sentencia. Un detalle revelador es que en ella se escribió sobre Adur Ramírez de Alda que «no queda suficientemente acreditado que estuviera en casa dormido» cuando se produjo el incidente del bar Koxka. Su letrada, Jaione Karrera, ha recordado que cuando no se ha probado la participación de alguien en el delito imputado lo que procede es que se imponga la presunción de inocencia.

El rigor de las identificaciones han vuelto a ser caballo de batalla en esta vista del Supremo, como ya lo fue en la Audiencia Nacional. El abogado de Arnanz ha denunciado por ejemplo que su defendido es rubio y de ojos claros pero en la rueda de reconocimiento policial se le puso junto a personas de «piel oscura y pelo negro azabache», con lo que resultaba casi inevitable señalarle.

Otro tanto le ocurrió a Aratz Urrizola, según ha manifestado su abogado, José Luis Galán. «En cuanto a Iñaki, no estuvo en el Koxka en toda la noche», ha recordado sobre Abad. Además ha pedido que se proyectara el vídeo que este grabó y en que se ve al teniente de la Guardia Civil con la camiseta blanca impoluta pese a haber afirmado que fue pisoteado reiteradamente.

Manuel Olle ha añadido el caso de Julen Goikoetxea (su defendido junto a Jon Ander Cob), incidiendo en que solo es identificado por los denunciantes y que incluso le exculpa el que ha denominado como «testigo estrella» de la acusación. En cuanto a Cob, el abogado ha subrayado las contradicciones de los denunciantes al imputarle cosas distintas en la instrucción y en la vista oral.

Amaia Izko, defensora de Jokin Unanumo y Ainara Urkijo, ha indicado sobre el primero que «ninguna de las acciones que se le atribuyen coincide con la lesión más grave», la fractura de tobillo del guardia civil, pese lo cual fue condenado a doce años de cárcel por la AN. Y sobre Urkijo, ha dicho que fue considerada culpable únicamente por «formar parte del grupo».

El resto de los argumentos han sido de carácter más jurídico, como los criterios de acumulación de penas, los tipos elegidos para llevar algunas condenas hasta los doce y trece años de cárcel, el criterio de «discriminación ideológica» aplicado en beneficio de la Guardia Civil o la agravante de «superioridad».

Dos de los letrados han puesto también ante los jueces del Supremo la cuestión de la inhabilitación de Concepción Espejel, la presidenta del tribunal que les condenó en la AN, que fue rechazada. Han recordado de nuevo que Espejel fue condecorada por la Guardia Civil y está casada con un agente, lo que altera su imparcialidad.

Fiscal: «Institución fiel a España, al Rey y la Constitución»

Tras dos horas de argumentos de la defensas, a las 12.40 se ha dado paso a las acusaciones. El fiscal Alvaro Redondo ha sido breve pero duro para intentar blindar la condena: además de afirmar que los jóvenes están identificados «sin ninguna duda», ha calificado de «sinsentido» la recusación a Espejel y ha justificado la agravante ideológica en favor de la Guardia Civil con este alegato: «Es una institución de Estado, fiel a España, al Rey y a la Constitución», ha dicho.

En la misma línea Redondo ha dicho que «es deber de la sala dar mayor o menor valor a un testigo u otro», intentando así poner en valor el relato de los guardias civiles frente a las declaraciones de testigos o de los propios jóvenes.

La acusación particular, la Asociación de Guardias Civiles o Covite han hecho suyos estos argumentos poniendo el acento en negar que haya habido indefensión. Covite se ha quejado de que «esta es ya la tercera vuelta», puesto que tras la condena del tribunal de la Audiencia Nacional el caso ya fue revisado en una instancia superior del mismo tribunal en apelación.

Estas acusaciones han puesto notable interés en apuntalar la agravante de «discriminación ideológica», asegurando que los guardias civiles fueron agredidos por serlo.

Visto para sentencia

Con ello, el caso ha quedado visto para una sentencia que será determinante de cara al futuro de los jóvenes, dado que si se mantuviera la condena de prisión ya no tendría efecto una resolución europea que tardaría años en llegar. Entre medio queda el Tribunal Constitucional, que analiza la cuestión solo desde el prisma de los derechos y no vuelve a revisar los hechos.

Se desconoce cuándo se conocerá este fallo del Supremo. Algunas voces cercanas al tribunal apuntan a una resolución rápida, pero analizar los argumentos de la defensa debería requerir un cierto tiempo.

A la llegada al tribunal, Bel Pozueta, madre de Adur Ramirez de Alda, ha apuntado que «la esperanza es lo que nos ha mantenido estos tres años» y que por tanto la siguen sosteniendo. Y su esperanza este 18 de setiembre es que «hoy se acabe este sufrimiento. Si hay voluntad, hay posibilidades de que así sea», ha explicado a los periodistas.