Las ONG y asociaciones personadas como acusación popular en el caso de la tragedia del Tarajal van a volver a recurrir la decisión de la juez de Ceuta, quien por tercera vez ha decidido archivar la causa contra los 16 guardias civiles por su actuación en la frontera el 6 de febrero de 2014, cuando al menos 14 migrantes fallecieron al intentar entrar a nado bordeando el espigón fronterizo.

El pasado mes de septiembre, la jueza apreció delitos de homicidio por imprudencia grave con resultado de muerte y denegación de auxilio. Sin embargo, ahora ha acordado el archivo de la causa y que el caso no llegue a juicio por la aplicación de la «doctrina Botín», es decir, porque Fiscalía no ve delito y no hay acusación particular.

Las acusaciones populares han lamentado esta decisión, aunque han destacado que todavía existe la posibilidad de recurrir en apelación ante la Audiencia Provincial de Cádiz. Este organismo ya ha reabierto esta causa en dos ocasiones, teniendo en cuenta que los instructores la han archivado dos veces.

«Nos queda todavía esa posibilidad, y a partir de ahí, esperar. No hay que tirar la toalla», ha declarado la directora de Políticas y Campañas de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Paloma Favieres, a quien no ha sorprendido esta decisión, teniendo en cuenta que Fiscalía pidió el archivo de las diligencias.

Las familiares quieren personarse

Desde Coordinadora de Barrios han recordado que las familias de las víctimas del Tarajal «han hecho explícito de numerosas y diferentes maneras» su interés de estar en el procedimiento. «El interés de los perjudicados de modo explícito consta en la causa por lo tanto no se puede archivar cuando los perjudicados han manifestado su deseo de formar parte de ella», ha explicado a Europa Press la abogada de Coordinadora de Barrios, Patricia Fernández.

En reiteradas ocasiones, familiares de varios de los fallecidos ahogados en Tarajal han reclamado, sin éxito, ejercer la acusación particular. De hecho, el pasado día 24 de octubre, el Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta notificó que no admitía la personación de las familias de seis víctimas que recientemente volvieron a solicitarlo, según han informado fuentes cercanas a la causa.

Según entienden las acusaciones populares, en el caso del Tarajal están «legitimadas en exclusiva», teniendo en cuenta que las víctimas han querido personarse y se les ha denegado, y que el Ministerio Fiscal pidió el archivo.

Al igual que la Fiscalía, la Abogacía del Estado y el resto de las defensas pidieron el archivo de las diligencias, mientras que de las seis acusaciones populares personadas al menos tres --CEAR, Coordinadora de Barrios y Sociedad Humana-- pidieron entre 28 y 56 años de prisión para cada uno de los agentes.