La Fiscalía Provincial de Bizkaia ha acordado abrir diligencias de investigación sobre la denuncia presentada por Iberdrola «al objeto de remitir lo actuado» al jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, al estar siendo investigados estos hechos en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional española.

Ese juzgado instruye el denominado «caso Villarejo» o «caso Tándem», en el que en una de sus piezas, la número 17, se investigan supuestos encargos al excomisario de la Policía española José Villarejo de espionaje, entre otros, a la constructora ACS, propiedad del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

De forma paralela a esta investigación, el diario digital El Confidencia publicó una serie de informaciones basadas en documentos y audios que demostrarían la existencia de esas prácticas en Iberdrola, presidida por Ignacio Sánchez Galán.

Una de estas informaciones, publicada el 2 de diciembre, y titulada “Iberdrola: un informe interno acusa a Galán de ordenar espionaje y usar facturas falsas” y que fue ampliada al día siguiente, bajo el título: “El informe de Iberdrola revela una trama opaca de pagos para pillar a políticos”, ha sido la que ha motivado la denuncia interpuesta el 5 de diciembre.

Investigación interna

El escrito de Iberdrola, al que ha tenido acceso Efe, señala que, según lo publicado, «se da cuenta de una presunta práctica llevada a cabo por D. Antonio Asenjo (exdirector de Seguridad de Iberdrola), consistente en pagar» a la empresa de Villarejo, Cenyt, «utilizando como pantalla una sociedad llamada Castellana de Seguridad, S.A. (CASESA)», empresa emisora de las facturas.

Se menciona también que, «ante la trascendencia de las noticias», Iberdrola realizó una «ardua labor de investigación interna y de revisión de la totalidad de documentación física y digital de la empresa», sin encontrar el documento en cuestión «en los archivos internos de la empresa».

Por ello, se han dirigido a El Confidencial, y en concreto al autor de estas noticias, para que preste su colaboración para aclarar la procedencia de ese documento.

Iberdrola también pide que se investiguen «las circunstancias en que han sido sustraídas de los sistemas de la compañía las facturas publicadas, ya que han sido además utilizadas para dañar la reputación de la compañía mediante una vinculación con presuntos pagos a terceros que están huérfanos del menor indicio probatorio».