El expresidente de Renault-Nissan Carlos Ghosn ha defendido este miércoles su inocencia en una rueda de prensa en Beirut, la primera comparecencia pública tras su fuga de Japón al Líbano, a donde llegó a finales de diciembre en un avión privado procedente de Turquía.

«No he huido de la justicia sino de la injusticia y de la persecución política» en Japón, ha asegurado Ghosn, que fue detenido en noviembre de 2018 y estaba en libertad bajo fianza desde el 25 de abril pasado, con sus comunicaciones y movimientos restringidos y la prohibición de salir del país asiático.

El exdirectivo ha denunciado que fue blanco de «vergonzosos y continuos ataques de los medios orquestados por los fiscales japoneses y los ejecutivos de Nissan» durante su estancia en el país, donde consideró que «nunca tendría que haber sido arrestado».

El exdirectivo, de 65 años, ha afirmado que hoy puede hablar «libremente» por primera vez, y ha agradecido a las autoridades del Libano «no haber perdido la fe» en él, que tiene la nacionalidad libanesa, la francesa y la brasileña.

Cabe recordar que Ghosn nació en Brasil, tuvo parte de su educación en el Líbano y se desarrolló profesionalmente en el Estado francés. Sus triunfos corporativos los hizo en Renault y se convirtió en uno de los artífices de la alianza con Nissan, fraguada hace más de una década.

Por lo menos una de las causas a las que se enfrenta en Tokio conlleva una pena máxima de diez años de prisión, que se unirían a otras tres acusaciones, incluyendo compensaciones pactadas no declaradas y el uso de fondos de Nissan para beneficio propio.

Respuesta desde Tokio

Por su parte, la ministra de Justicia de Japón, Masako Mori, ha retado a Ghosn a defender su inocencia en los tribunales japoneses. «Ha venido propagando tanto dentro de Japón como internacionalmente falsa información sobre el sistema legal de Japón y sus prácticas», ha apuntado.

Asimismo, ha señalado que el sistema penal contempla «procedimientos apropiados para conseguir la verdad garantizando los derechos humanos básicos individuales», y ha recordado algunas de las particularidades de los procedimientos penales en Japón.

Entre ellas, ha citado que en este país, «salvo raras excepciones», se lleva a cabo una orden de detención después de que el caso ha sido previamente revisado por un juez, «que es independiente de la autoridad que investiga». «Los méritos de un sistema de justicia penal deberían ser analizados valorando el sistema completo en sí, y no es apropiado señalar determinados aspectos y criticarlos», ha insistido.