Alrededor de 80.000 personas han secundado las manifestaciones que han recorrido esta tarde Baiona y Bilbo para exigir un cambio en la política penitenciaria de excepción contra los presos y presas políticas vascas. Las consignas que más han coreado los manifestantes demandaban la vuelta a casa de los prisioneros

Bajo el lema «Orain presoak» (en Baiona le añadían otro: «Que la historia no se repita»), los convocantes, Sare y Bakegileak, han interpelado a los dos estados, y sobre todo al nuevo Gobierno español, para que pongan fin de una vez a las vulneraciones de derechos humanos que padecen los prisioneros vascos. 

«Estamos hablando de derechos humanos y no de reivindicaciones polÍticas. Su defensa nos compete como ciudadanía porque no se puede construir una sociedad reconciliada sobre una base punitiva injusta y vengativa, y sin sanar heridas y secuelas tras tantas décadas de confrontación o desencuentro. Y ello, debe ser una responsabilidad prioritaria para nuestras instituciones electas», han manifestado Rosa Rodero y Axun Lasa, víctimas de ETA y del GAL encarcadas de leer el manifiesto final de la movilización.

La manifestación de Baiona, desde su lema hasta las intervenciones finales, ha estadp marcada por las palabras de Emmanuel Macron, sobre la cuestión de los presos. En una visita a Biarritz, antes de la Cumbre del G7, el presidente de la República hizo votos para que «la historia no se repita». Unas manifestaciones que fueron interpretadas como el anuncio de una política más audaz respecto al conflicto y, en concreto, los presos. Los representantes de los artesanos de la paz y de los respresentantes institucionales que han tomado la palabra han mostrado su enfado por que ello no se esté cumpliendo a la velocidad e intensidad debidas.

Cuando la movilización de Baiona ha finalizado le ha cogido el testigo la de Bilbo, pasadas las 17.15, desde La Casilla. Cuando la cabecera llegaba al final, en el Ayuntamiento, la cola estaba en la calle Autonomía, en el cruce con Iparragirre.

Entre los asistentes, delegaciones de EH Bildu, Podemos y todos los sindicatos vascos, incluidos CCOO y UGT. También ha tomado parte en la marcha, que ha recorrido las calles de la capital vizcaina al grito incesante de «Euskal presoak, etxera» y «Presoak kalera, amnistia osoa», una delegación de ERC integrada por su diputada en el Parlament Núria Picas y su vicesecretario general, Isaac Peraire, así como del diputado de JxCat en el Parlament Eduard Pujol, y del diputado de la CUP en el Congreso, Albert Botran.

El portavoz de Sare, Joseba Azkarraga, ha pedido al nuevo Gobierno español que «escuche a una sociedad vasca que quiere la paz y no desea que los presos estén alejados a miles de kilómetros» ni que los «gravemente enfermos sean puestos en libertad solo cuando se van a morir».

«Al nuevo Gobierno le exigimos no más vulneraciones de derechos. No mas legislación de excepción», ha indicado, al tiempo que ha advertido también a los representantes vascos en el Congreso de los Diputados que es el momento de avanzar y trasladar allí esta reivindicación. «Si no lo hacemos ahora, ¿cuándo va a ser?», ha interpelado.

A su juicio, es el momento de trasladar a las Cortes Generales «los acuerdos que se han venido alcanzando en las instituciones vascas, porque es necesario seguir dando pasos, para que se pueda avanzar hacia un futuro en paz y convivencia. No hablamos de reivindicaciones políticas. Hablamos de derechos y ello nos debe unir a todas y todos, en terminar con esta situación», ha incidido.

«Una sociedad mejor a nuestros hijos»

En la misma línea se han pronunciado Lasa y Rodero al término de la marcha. Se han mostrado «decididas a dejar a nuestros hijos y nietas una sociedad reconciliada, en paz y mejor que la que recibimos de nuestros mayores», y han apostado por «la apertura de un nuevo tiempo que demanda la sociedad vasca, en el que prevalezca la equidad y la justicia sobre el odio y el rencor».

Han dejado claro que no quieren que «nadie» hable en su nombre –«solo nos representamos a nosotras mismas»–, pero han dicho que creen «traducir el sentir de muchas víctimas si decimos, alto y claro, que los derechos humanos deben ser también la norma de actuación en las cárceles de España y Francia».

«Por eso reclamamos la no discriminación en la gestión de los beneficios penitenciarios, el acercamiento de los presos a su entorno familiar, la excarcelación de las personas presas gravemente enfermas o mayores, la progresión de grados, la revisión de las condenas injustas...», han reclamado.

Para Lasa y Rodero, si se quiere forjar una convivencia democrática, es necesario entender los derechos humanos «como punto de partida y de encuentro para cualquier entendimiento social y como eje mínimo de la vida política».

«Así deberían asumirlo todas las asociaciones con vocación constructiva y que miren por sus asociados, lejos de cualquier instrumentalización de ninguna fuerza política o de la defensa de la venganza por encima del Derecho», han añadido.

En este contexto, han valorado que «en condiciones de falta de diálogo político, se logró el cese unilateral de la violencia hace casi diez años, la disolución de ETA hace año y medio y la implicación de la sociedad civil allí donde las instituciones por cobardía no se involucraron».

«Todo ello nos hace pensar que nos encontramos en vías de forjar una convivencia democrática, basada en la inclusión social y en una cultura de derechos humanos y de paz que garantice la no repetición», han señalado, para lamentar que esa no es sin embargo la actitud del Estado español.

Tras denunciar la muerte el pasado mes de octubre del preso Angel Ochoa de Eribe, cuatro meses después de ser excarcelado a pesar de sufrir una enfermedad grave desde 2015, han acusado al Estado de dar «continuidad a esta situación siendo muy excepcionales las decisiones de humanización en materia de política penitenciaria».

Recuerdo a los presos catalanes

Rodero y Lasa también han tenido palabras para los presos políticos catalanes, a quienes les han trasladado su «cariño y solidaridad».

«Constatamos con preocupación que la excepcionalidad permanente, tanto judicial como penitenciaria han alterado las reglas para una justicia proporcionada y un sistema penitenciario integrador», han manifestado.

En este contexto, han incidido en que «no se puede construir una sociedad reconciliada sobre una base punitiva injusta y vengativa» y han defendido que, tras la mayoría conformada en el Estado por «corrientes progresistas», este tema «debe formar parte, valientemente, de la agenda del Estado, y más desde su reclamación ineludible y urgente por parte de los partidos políticos vascos y catalanes».

A su juicio, en el caso de que el Gobierno se niegue a respetar esos derechos, los presos vascos y sus familiares pasarán a «la condición de rehenes de una guerra inexistente, que solo está en el imaginario de un poder que piensa en términos de vencedores y vencidos». «A la condición de víctimas –han insistido–, por sufrir en carne propia los abusos de un Estado de Derecho indigno de ese nombre y, por último, a la condición de dejar de ser presos o presas o familiares de tal o de cual, para ser simplemente personas presas con familia y su situación una responsabilidad colectiva», han defendido.

Han insistido en que el «problema» ya no lo tiene el Estado con una «organización disuelta e inexistente», sino con «una sociedad que no quiere mayoritariamente que en su nombre se vulnere ningún derecho».