La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal ha desestimado la petición de Quim Torra, que también apoyaba la Fiscalía, de suspender la resolución de la Junta Electoral Central (JEC) de retirarle su credencial de diputado autonómico en el Parlament mientras estudiaba el fondo del asunto. 

Los cinco magistrados a los que correspondía estudiar la medida cautelar señalan en su resolución que no ven asumible la solicitud del president de la Generalitat, que pidió suspender la decisión de la JEC por considerar que este órgano electoral, de carácter administrativo, carece de competencia para inhabilitarle.

En un escrito presentado el pasado viernes, la Fiscalía del Supremo hacía suyo sin embargo el argumento de la defensa al entender que, «en orden a la prudente y equilibrada preservación» de los intereses en conflicto, la petición de Torra debería aceptarse hasta que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS resuelva si la decisión de la JEC es conforme o no a Derecho.

En un análisis preliminar, los magistrados creen que la JEC es competente para actuar y «debía» hacerlo después de que Torra fuera condenado a año y medio de inhabilitación por no retirar los lazos amarillos de edificios públicos, y de que PP, Ciudadanos y Vox reclamaran que se ejecutara esa condena, aún no firme.

«Consideramos que el interés general que debe prevalecer es ahora el que está presente en la sentencia condenatoria», destaca la Sala, que asegura que no prejuzga el fondo del asunto.

Acceder a la suspensión cautelar que pedía Torra, argumentan, supondría no aplicar «preceptos legales vinculantes de cuya regularidad constitucional no hemos dudado y a los que todos los poderes públicos estamos vinculados».

Los jueces, que imponen a Torra el pago de las costas –600 euros– son tajantes al rechazar sus quejas sobre una supuesta actuación «intempestiva, sesgada, indebida o parcial» de la JEC; consideran esas críticas «claramente inconsistentes» y alertan de una extralimitación en el ejercicio del derecho a la defensa.

Además de este auto, el Supremo se ha dirigido al Parlament para recordarle que no es la Mesa quien debe recurrir el acuerdo del árbitro electoral –como hizo el pasado 14 de enero–, sino el Pleno, y le da un plazo de quince días para subsanar el error bajo riesgo de que archive el caso.

Torra: «No nos vamos a echar atrás»

Tras conocer la decisión del Supremo, Torra ha leído una declaración institucional en la delegación del Govern en Girona, en la que ha asegurado que «no hay ningún cambio respecto al 3 de enero y a la decisión que el pleno aprobó al día siguiente, el 4 de enero».

«Soy diputado y presidente de Cataluña porque así lo decidió la ciudadanía y así lo votó el Parlament, en la investidura y ratificándolo el 4 de enero», ha subrayado.

El president también se ha referido a que la Mesa del Parlament también lo ratificó por considerar que la JEC no era competente para inhabilitarlo, y que había que esperar al Supremo, y lo hizo apoyándose en un informe de los letrados de la Cámara, y, entre otros, con el aval del PSC.

Tras la decisión del Supremo, el PSC es uno de los grupos que ha solicitado en la Junta de Portavoces celebrada este mismo jueves un nuevo informe a los letrados por si la decisión del TS modifica la postura de los juristas respecto a la condición de diputado de Torra.

Para el president, este último episodio judicial no modifica su situación: «No ha afectado a nada desde estas decisiones y no nos vamos a echar atrás».